INTERNACIONALES

En medio de la aguda crisis política y diplomática que atraviesa Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, la liberación de presos políticos ha perdido visibilidad ante la intensa atención de Estados Unidos en negociar la reactivación de la industria petrolera venezolana, según observadores y organizaciones de derechos humanos.

El enfoque de la Casa Blanca en asegurar suministros de crudo a mercado norteamericano hace que la situación de los detenidos por motivos políticos quede relegada en las prioridades de la agenda internacional.

Grupos como Foro Penal han recordado que cerca de 863 personas permanecen en prisión bajo criterios de detención política, y han insistido en que una amnistía general podría ser un gesto clave para avanzar en la reconciliación nacional.

Esta petición se produce mientras la presión internacional por derechos humanos sigue latente, aunque, en la práctica, la liberación de opositores y activistas ha sido parcial y fragmentaria en los últimos años.

Además, expertos en derechos humanos y enlaces de la oposición sostienen que, a pesar de liberaciones puntuales efectuadas en diciembre y semanas previas, la falta de un enfoque sostenido en la liberación de presos políticos contrasta con la prioridad que el Gobierno de Estados Unidos le ha dado a garantizar el flujo de petróleo venezolano hacia ese mercado, especialmente tras el anuncio de un acuerdo para enviar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a puertos estadounidenses bajo supervisión de Washington.

El Departamento de Estado estadounidense ha destacado que su principal interés en Venezuela en este momento es restaurar la producción y comercialización de petróleo para reducir presiones en los mercados internacionales, sin comprometerse de forma explícita con una agenda de derechos humanos que incluya la liberación de presos políticos como condición inmediata para avanzar en otros aspectos de la relación bilateral.

Organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión también han alertado que la persecución de comunicadores y activistas se ha intensificado, y que su causa ha quedado rezagada frente al protagonismo que ha cobrado la industria energética en las conversaciones con Washington.

Aunque sectores opositores y ONG reclaman que sin la liberación de detenidos por motivos políticos no habrá una transición democrática creíble en Venezuela, el escenario actual refleja una realidad en que los temas económicos y estratégicos como el petróleo dominan la atención de actores internacionales, dejando en un segundo plano demandas humanitarias y de justicia que para muchos deberían ser una prioridad.

En este contexto, el debate sobre la soberanía venezolana, la legitimidad del nuevo gobierno interino y la política exterior estadounidense sigue protagonizando las discusiones tanto dentro de Venezuela como en foros internacionales, con la situación de los presos políticos como uno de los elementos más sensibles para la comunidad de derechos humanos y la oposición democrática.