INTERNACIONALES

El Gobierno de Bolivia acusó al fiscal general Roger Mariaca de encabezar una presunta estructura criminal que habría operado dentro del Ministerio Público para favorecer actividades relacionadas con el narcotráfico. Mariaca fue detenido en Santa Cruz junto con otras personas durante un operativo que ahora es objeto de una investigación por delitos como organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.

La detención ocurrió después de que Estados Unidos revocara la visa de Mariaca y de otros funcionarios bolivianos por supuestos vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. El Gobierno estadounidense había señalado que determinadas actuaciones atribuibles a estos funcionarios afectaban los esfuerzos contra el narcoterrorismo y las instituciones encargadas de combatirlo.

Mariaca había sido elegido fiscal general en 2024 para un periodo de seis años. Antes de llegar al cargo nacional dirigió la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y desarrolló buena parte de su carrera en esa región. Tras conocerse las acusaciones estadounidenses, el fiscal rechazó los señalamientos y sostuvo que podían estar relacionados con investigaciones sensibles impulsadas desde el Ministerio Público.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que el operativo permitió desarticular una estructura que, según las autoridades, se encontraba instalada dentro de distintas áreas del sistema de justicia. De acuerdo con su versión, Mariaca habría ocupado una posición central en una red destinada a brindar protección a personas vinculadas con el narcotráfico.

En total, 14 personas fueron detenidas durante las acciones desarrolladas en diferentes puntos del país. Entre los investigados figuran funcionarios y trabajadores del Ministerio Público, mientras que otras autoridades de alto nivel también son objeto de pesquisas por posibles conexiones con los hechos denunciados.

Uno de los nombres relacionados con la investigación es el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Las autoridades bolivianas sostienen que la presunta estructura habría facilitado mecanismos de protección para personas vinculadas con organizaciones de tráfico de drogas. Parte de las acusaciones también se apoya en información proporcionada por agencias estadounidenses, incluida la DEA.

El caso también ha provocado una disputa sobre la legalidad del procedimiento. La propia Fiscalía denunció que Mariaca fue aprehendido de manera irregular y calificó inicialmente el operativo como un “secuestro”, mientras funcionarios del Ministerio Público cuestionaron que no se les hubieran presentado documentos que justificaran algunos de los allanamientos y detenciones.

El Gobierno de Rodrigo Paz, por su parte, sostiene que las investigaciones continuarán para determinar el alcance de la presunta red y establecer responsabilidades individuales. Las autoridades han indicado que todavía existen diligencias pendientes y que se busca determinar si otros funcionarios o personas externas al Ministerio Público tuvieron participación en las actividades bajo investigación.