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Una nueva acusación por presuntos delitos en el financiamiento de la campaña electoral del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha agudizado la ya tensa relación entre el mandatario y el fiscal general, Carlo Díaz. La disputa escaló hasta el punto en que Chaves encabezó una marcha para exigir la renuncia del fiscal.

El lunes pasado, la Fiscalía General presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acusación con solicitud de levantamiento de fuero y apertura de juicio contra Chaves; el primer vicepresidente, Stephan Brunner; el canciller Arnoldo André; y varios diputados. La investigación, iniciada en 2022, señala que se utilizaron dos estructuras paralelas —un fideicomiso privado y cuentas bancarias personales de una mujer apellidada Agüero— para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en el periodo 2022-2026, operando fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones y del partido.

El Código Electoral costarricense estipula que las contribuciones a partidos y candidaturas deben ser realizadas por personas físicas nacionales y canalizadas a través de mecanismos oficiales, por lo que esta forma de financiamiento sería ilegal.

Esta es la segunda acusación formal que involucra al presidente Chaves. La primera, presentada el 7 de abril, fue por un delito de concusión relacionado con contrataciones de servicios de comunicación con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En ambos casos, la Corte Suprema debe decidir si remite el caso al Congreso para discutir el levantamiento de la inmunidad presidencial.

Desde que asumió el poder, Chaves ha mantenido relaciones conflictivas con el Congreso, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial, acusándolos de politización y de obstaculizar su gestión. Su confrontación con el fiscal Díaz ha sido particularmente fuerte; en marzo encabezó una manifestación contra el fiscal, a quien llamó “matón de barrio” y “títere”.

El fiscal Díaz respondió calificando la marcha como un “preocupante ataque a la división de poderes” y señaló que las investigaciones en curso motivaron dicha protesta. Para Chaves, estas acusaciones son un intento de la “casta corrupta y ambiciosa” por frenar a un mandatario que desafía el statu quo.

Este conflicto político e institucional pone en evidencia la tensión creciente en Costa Rica entre el Ejecutivo y las entidades judiciales y electorales, en medio de procesos que podrían determinar la estabilidad del gobierno.