INTERNACIONALES

Unos 250.000 venezolanos quedan expuestos a la deportación tras expirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que les permitía residir legalmente y trabajar en Estados Unidos. La medida afecta a migrantes que, ante la imposibilidad de regresar a su país, optan por permanecer en la clandestinidad.

Oriana, inmigrante venezolana de 38 años y madre de una adolescente, relató que tras vivir más de cinco años en Florida decidió mudarse a otro estado. “No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros. Prefiero quedarme en la clandestinidad”, indicó. La mujer perderá su permiso de trabajo y planea desconectar su número de celular y adaptarse a una nueva vida en la sombra, mientras continúa en territorio estadounidense.

El TPS, creado para proteger a extranjeros de deportaciones y brindar permisos de empleo, ha sido objeto de controversia desde que la administración Trump anunciara su fin. Actualmente, una demanda legal busca proteger a los beneficiarios de 2021 los 250.000 afectados y a los de la extensión de 2023, que suman unos 350.000. La disputa se encuentra en el Noveno Circuito de Apelaciones, luego de que un juez federal calificara la decisión de terminar el amparo como “arbitraria y caprichosa”.

José Palma, coordinador de la Alianza TPS, advierte que la lucha judicial no ha concluido y que podría llegar nuevamente a la Corte Suprema. “La batalla legal continúa y seguimos buscando alternativas en el Congreso para otorgar legalización permanente a los beneficiados por TPS de decenas de países”, afirmó.

Con la expiración del amparo, un total de 600.000 venezolanos se encuentran ahora en riesgo de detención o deportación, marcando el mayor impacto histórico del programa en Estados Unidos y generando preocupación sobre la seguridad y derechos de los migrantes.