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El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se presentó ante un juzgado en Rionegro, Antioquia, para formalizar su detención luego de haber sido condenado a doce años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Uribe cumple actualmente una detención domiciliaria desde el pasado viernes.

Álvaro Uribe, líder influyente en la política colombiana, ha sido una figura polarizadora durante y después de sus mandatos presidenciales entre 2002 y 2010. Su condena representa un momento sin precedentes en la justicia colombiana, con implicaciones políticas profundas a medida que se acercan las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El caso también refleja las tensiones judiciales y políticas que atraviesa Colombia, donde la justicia y la política se entrelazan con frecuencia, generando debates intensos sobre el respeto a los procesos legales y la influencia política en las decisiones judiciales.

En un video difundido por su partido, el Centro Democrático, Uribe informó que acudió al juzgado como estaba citado para “formalizar” el proceso y mostró un documento que parece ser el acta oficial de su detención. Desde su residencia, el exmandatario aseguró que su compromiso político se mantendrá firme pese a esta situación judicial.

“Con la identificación de preso continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en 2026 derrote la naciente mordaza neocomunista”, afirmó Uribe, expresando que la condena responde a motivaciones políticas y advirtiendo que, según él, el avance de esa corriente podría significar un “fracaso social total” para el país.

La sentencia fue dictada el 1 de agosto por la jueza Sandra Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en un proceso catalogado como el “juicio del siglo” en Colombia. Además de la pena privativa de la libertad, Uribe fue multado con más de 3.400 millones de pesos colombianos (alrededor de 822.000 dólares) y se le impuso una inhabilitación por más de ocho años para ejercer cargos públicos. Sin embargo, fue absuelto de un tercer cargo, soborno simple.

La jueza concedió a Uribe el beneficio de cumplir la condena en casa, aunque ordenó su detención inmediata, un procedimiento poco común en primera instancia y que genera expectativa sobre las próximas etapas legales.

La defensa de Uribe ha respondido con recursos legales, incluyendo una acción de tutela presentada el lunes ante el Tribunal Superior de Bogotá, que busca la libertad del exmandatario alegando violaciones a derechos fundamentales como la dignidad humana y la presunción de inocencia. El mismo día, el partido Centro Democrático presentó una tutela con argumentos similares.

El tribunal rechazó la medida provisional solicitada por la defensa, aunque sigue evaluando la acción de tutela en profundidad.

En apoyo a Uribe, sus simpatizantes han convocado a marchas en varias ciudades de Colombia para este jueves 7 de agosto, coincidiendo con las celebraciones de la Batalla de Bogotá de 1819, un hito histórico en la independencia colombiana.

Finalmente, los abogados del expresidente preparan una apelación ante el Tribunal Superior, con fecha límite para resolverla antes del 16 de octubre, cuando podría prescribir el caso si no se concluye el proceso.