El pasado sábado partieron de la Gran Central de buses de San Pedro Sula con el propósito de llegar hasta los puestos fronterizos de Corinto o Aguas Calientes en Guatemala.

Los migrantes, mujeres con sus hijos, grupos familiares y de amigos o vecinos, justificación de su migración aduciendo que en Honduras no hay seguridad, ni oportunidades de trabajo, pero la mayoría afirman que en Honduras no se puede emprender ningún negocio porque los pandilleros les extorsionan.

Y es que la extorsión se ha vuelto un negocio lucrativo para los antisociales o pandilleros. La policía sabe que la extorsión es una industria muy violenta y que los pandilleros recaudan anualmente alrededor de 737 millones de dólares, unos 18.270 millones de lempiras, un equivalente al tres por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, y 14. 7 por ciento de la recaudación fiscal del Estado.

Los extorsionados son los dueños de pulperías, pequeños y grandes comercios, los dueños de viviendas y los transportistas. Solo los transportistas pagaron en el 2023 un total de 600 millones de lempiras.

Los extorsionadores, que son integrantes de las pandillas o maras, ahora son dueños de supermercados, clínicas, tienen muchos abogados a su servicio, financian políticos y hasta han infiltrado las unidades policiales. En Guatemala y El Salvador la extorsión fue eliminada, pero en Honduras todavía no se hace nada.

Los pandilleros se dan el lujo de comprar grandes mansiones en colonias selectas y en las colonias de clase media les quitan los residentes.
La extorsión ha crecido mucho más en el presente gobierno porque la seguridad no funciona, ya que la policía nacional se ha a convertido en una Fuerza de apoyo al gobierno. Por eso los hondureños estamos a merced de los hampones que ahora no solo tienen poder económico, sino que tienen poder político.

Así ni La Virgen de Suyapa nos puede salvar.