El gobierno creó el 7 de octubre del 2010 el ministerio Justicia y de Derechos Humanos cuya función sería la coordinación, promoción y formulación de las políticas necesarias para defender esos derechos. Cuando se creo esta secretaría ya existía el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que era dirigida por el doctor Ramón Custodio, que tuvo una actuación protagónica en defensa de los derechos humanos en los gobiernos militares. El comisionado de los derechos humanos tuvo un papel muy importante durante la guerra fría Hondureña. No había necesidad de creer una Secretaria de Justicia y Derechos Humanos porque era generar burocracia, por el CONADE desempeñaba su labor con mucha eficiencia. En los anteriores gobiernos el CONADE realizaba sus tareas sin muchos problemas, aunque sus actividades no eran bien vistas por el entonces Jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Álvarez. Pero luego se creo el Comité Nacional de los Derechos Humanos , CONADEH, dirigido por Hugo Maldonado, que se ha destacado por defender los derechos humanos de los privados de libertad. El ministerio de Justicia y Derechos Humanos jugo un papel importante durante el pasado gobierno y nunca se había dado una situación controversial como ahora. La ministra Natalie Roque asumió desde su nombramiento una actitud hostil y prepotente hacia sus subordinados a quienes pasaba humillando y amenazando con la destitución y eso desembocó en la toma de las instalaciones por parte de los trabajadores que hasta se vistieron de negro, declarándose de luto por la muerte de los derechos humanos. Es paradójico que una secretaria creada para defender los Derechos Humanos esté dirigida por una persona que no respeta los derechos humanos. Por eso debemos darle la razón a los empleados que están protestando y que exigen la destitución de Natalie Roque. La prepotencia y la intolerancia política no pueden primar en una institución del gobierno que se supone es para defender los derechos humanos no para avasallar a hondureños que trabajan por el respeto a los derechos humanos. La presidenta de la República, doña Xiomara Castro, tiene la obligación de poner orden en esta secretaria en dónde la titular en vez de empeñarse en la defensa de los derechos humanos atenta contra los mismos, humillando y amenazando con la destitución a sus subalternos.