La reactivación del caso conocido como "Red de Diputados", que inicialmente fue investigado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), ha desatado controversias sobre el alcance de la corrupción y las posibles intenciones políticas detrás de su manejo. Este caso involucra a más de un centenar de actuales y exdiputados hondureños, incluidos altos líderes como el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, acusados ​​de malversación de fondos públicos destinados a proyectos sociales, desviados a través de ONGs para proyectos cuando en realidad eran depositados en cuentas personales o de terceros.

La investigación original, presentada en 2017, identificó a cinco congresistas, pero informes recientes indican que el alcance de la red podría ser mucho mayor. Durante años, decretos legislativos y reformas legales han dificultado las investigaciones, limitando las capacidades del Ministerio Público y beneficiando a los acusados. La reactivación del caso por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) busca reabrir procesos judiciales previamente archivados y avanzar en la lucha contra la impunidad.

Sin embargo, el manejo del caso ha generado dudas entre sectores políticos y sociales, quienes cuestionan si estas acciones responden a intereses genuinos de justicia o si buscan multas políticas. El contexto de un sistema judicial y legislativo altamente polarizado refuerza estas preocupaciones, planteando interrogantes sobre el compromiso de las autoridades con la transparencia y la rendición de cuentas.