En su segmento Consejo Legal, transmitido cada jueves por CHTV en el programa Honduras al 100, la abogada Julia Rodríguez abordó un alarmante fenómeno legal que está afectando a ciudadanos hondureños: las declaraciones de defunción falsas. El caso más reciente que compartió involucra a una mujer que fue dada por muerta en documentos oficiales para que un familiar pudiera cobrar una herencia, pese a que ella se encontraba viva y residiendo en el extranjero.

Durante su intervención en el programa televisivo, la abogada Rodríguez explicó cómo su clienta fue sorprendida al descubrir que, en los registros del país, figuraba como fallecida desde 2019. El responsable de esta falsedad fue su propio hermano, quien aprovechó su ausencia para tramitar la supuesta defunción y acceder a bienes heredados por su abuela. Este tipo de fraude, aunque increíble, es más común de lo que se cree y puede implicar la participación de notarios, médicos y funcionarios públicos en la elaboración y validación de documentos alterados.

La abogada enfatizó que esta situación genera consecuencias legales graves. Los implicados podrían enfrentar cargos por falsificación de documentos públicos, fraude y apropiación ilícita. Además, explicó que aunque la recuperación de bienes es compleja, no es imposible si se actúa a tiempo. En el caso de su clienta, lograron la anulación de los contratos y ventas realizadas a partir de la falsa defunción, restaurando así sus derechos legales sobre las propiedades heredadas.

Rodríguez alertó especialmente a los hondureños que residen en el extranjero, instándolos a revisar periódicamente su estatus legal en el país y a designar representantes de confianza para sus trámites. También recomendó acudir directamente al Registro Nacional de las Personas (RNP) para verificar la autenticidad de documentos. “El único derecho que se pierde es el que no se reclama”, sentenció, dejando claro que ante una injusticia legal, aún hay caminos para recuperar lo perdido.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer los controles en las instituciones responsables de registrar defunciones y a vigilar con rigor los procedimientos notariales, forenses y legales implicados. “No se trata solo de papeles: se trata de vidas que están siendo borradas administrativamente para servir a intereses maliciosos”, concluyó.