La reforma de la ENEE: Modernizar sin privatizar, rescatar sin engañar al pueblo

Análisis político, técnico y social sobre la reestructuración eléctrica, el hurto de energía y los desafíos del Estado hondureño

I. INTRODUCCIÓN: LA ENEE EN EL CENTRO DEL DEBATE NACIONAL

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica no es una institución cualquiera. Es uno de los activos estratégicos más importantes del Estado hondureño, porque de ella dependen la vida cotidiana de las familias, la operación de los hospitales, el funcionamiento de las escuelas, la competitividad de las empresas y la posibilidad real de atraer inversión, empleo y desarrollo.

Por eso, cuando se habla de reformar la ENEE, no estamos frente a un simple cambio administrativo. Estamos frente a una decisión de Estado que puede marcar el futuro energético del país por las próximas décadas. La propuesta de crear empresas internas o sociedades especializadas para generación, transmisión y distribución ha abierto una fuerte discusión pública. Unos la presentan como una salida técnica necesaria para ordenar el sistema; otros la denuncian como la puerta de entrada a una privatización encubierta.

La verdad, como casi siempre ocurre en los grandes temas nacionales, no cabe en una consigna. No basta gritar “modernización” para justificarlo todo, ni basta gritar “privatización” para bloquear cualquier cambio. Honduras necesita una discusión seria, clara y responsable. La ENEE está en crisis, pero esa crisis no nació ayer. Es el resultado de errores acumulados, decisiones políticas equivocadas, contratos mal diseñados, administraciones débiles, falta de inversión, pérdida de autoridad institucional y un hurto de energía que se ha convertido en una verdadera sangría económica.

El pueblo hondureño merece saber qué se quiere hacer, por qué se quiere hacer, quién gana, quién pierde, cuáles son los riesgos y qué garantías deben establecerse para que el servicio eléctrico siga siendo público, eficiente, sostenible y accesible.

II. EL PROBLEMA REAL: UNA EMPRESA PÚBLICA CON CRISIS FINANCIERA, TÉCNICA Y MORAL

La ENEE enfrenta tres crisis al mismo tiempo. La primera es financiera: compra energía cara, recauda mal, pierde una parte enorme de lo que distribuye y arrastra deudas que limitan su capacidad de inversión. La segunda es técnica: redes envejecidas, transformadores sobrecargados, líneas con fallas, sistemas de medición débiles y poca tecnología para detectar fraudes en tiempo real. La tercera es institucional y moral: durante años la empresa fue utilizada como espacio de cuotas políticas, contratos discutibles, clientelismo y decisiones tomadas más por conveniencia de grupos que por interés nacional.

Las pérdidas eléctricas de la ENEE se ubican alrededor del 34% al 36% en estimaciones recientes. Eso significa que de cada 100 kilovatios que entran al sistema, una tercera parte no se cobra adecuadamente. Una parte se pierde por razones técnicas, pero otra parte muy importante se pierde por hurto, manipulación de medidores, conexiones ilegales, facturación deficiente, mora, complicidad interna y falta de control efectivo.

El problema no es solamente contable. Es profundamente social y político. Cada kilovatio robado lo termina pagando alguien: el usuario honrado, el presupuesto nacional, el hospital que no recibe recursos, la escuela que no se repara, la carretera que no se construye o el contribuyente que termina financiando subsidios y deuda.

La ENEE no se salva únicamente cambiándole el nombre a sus dependencias. Se salva si recupera autoridad, control, tecnología, capacidad de cobro, disciplina administrativa y respaldo político para enfrentar intereses que durante años se han beneficiado del desorden.

III. LOS ERRORES DE LAS DOS ADMINISTRACIONES RECIENTES DE LA ENEE

Para entender el presente hay que revisar con responsabilidad los errores de las dos grandes etapas recientes de administración del sistema eléctrico: la etapa de administración delegada con fuerte participación privada en la distribución, representada por el contrato con EEH, y la etapa posterior de recuperación estatal y programas públicos de reducción de pérdidas.

En la primera etapa, el país apostó a que una empresa privada encargada de distribución, medición, facturación, cobranza y reducción de pérdidas resolvería un problema que la ENEE no había podido resolver. El error principal fue creer que un contrato podía sustituir la capacidad rectora del Estado. Se entregaron funciones sensibles sin asegurar controles suficientes, metas realistas, supervisión diaria, transparencia plena y sanciones efectivas por incumplimiento. La promesa central era reducir pérdidas, pero el resultado no alcanzó las expectativas nacionales. La población terminó percibiendo una mezcla peligrosa: servicio deficiente, quejas por facturación, conflictos con usuarios, pérdidas persistentes y una ENEE cada vez más endeudada.

El segundo error de esa etapa fue no separar con claridad la responsabilidad pública de la responsabilidad contratada. Cuando las cosas salieron mal, la culpa se repartía entre la ENEE, el operador, el gobierno, los contratos, los usuarios y la política. Nadie asumía completamente el fracaso. Esa indefinición debilitó la autoridad institucional y permitió que el problema siguiera creciendo.

La tercera falla fue no atacar con fuerza los grandes focos de hurto. La lucha contra el robo de energía no puede limitarse a cortar conexiones ilegales en barrios pobres mientras grandes consumidores, negocios, industrias, urbanizaciones o redes organizadas de fraude quedan protegidos por influencias políticas, económicas o judiciales. Si la ley se aplica solo al débil, la reforma pierde legitimidad.

En la segunda etapa, cuando el Estado retomó mayor control de la distribución y creó programas de reducción de pérdidas, el error fue asumir que recuperar funciones era suficiente. No bastaba sacar a un operador privado si el Estado no tenía listo un aparato técnico, tecnológico, financiero y legal capaz de hacer mejor el trabajo. La recuperación estatal sin profesionalización puede convertirse en simple cambio de manos: antes fallaba el operador, después falla la burocracia.

También hubo improvisación, fragmentación institucional y demasiada politización.

Programas con nombres atractivos, unidades técnicas, brigadas, decretos y anuncios públicos no siempre se tradujeron en resultados sostenibles. La reducción de pérdidas requiere continuidad, datos confiables, mapas de riesgo, inversión en medidores inteligentes, auditorías independientes, fiscales especializados, jueces que acompañen la persecución del fraude y una administración que no tema tocar intereses poderosos.

El tercer error de esta segunda etapa fue no comunicar con claridad. La ciudadanía escucha cifras millonarias, deudas, subsidios, reformas, pérdidas y privatización, pero pocas veces recibe una explicación sencilla y honesta. Esa falta de pedagogía pública permite que cualquier reforma sea vista como engaño, y cualquier oposición sea vista como defensa del pueblo, aunque no siempre lo sea.

IV. ¿POR QUÉ HAN AUMENTADO O SE HAN MANTENIDO ALTOS LOS NIVELES DE HURTO DE ENERGÍA?

El hurto de energía no aumenta por una sola causa. Es el resultado de una cadena de fallas institucionales y de incentivos perversos.

Primero, porque durante años se debilitó la autoridad de la ENEE en el territorio. En muchos lugares la empresa dejó de ser vista como una autoridad pública y pasó a ser vista como una entidad lejana, lenta, incapaz de controlar sus redes. Cuando el Estado no llega con orden, llega el desorden.

Segundo, porque el hurto se normalizó socialmente. En comunidades enteras se volvió común conectarse ilegalmente o manipular medidores. Algunos lo justifican por pobreza, otros por mala calidad del servicio, otros por tarifas altas, y otros simplemente porque saben que no habrá sanción. Pero una cosa debe quedar clara: la pobreza exige política social, no impunidad eléctrica. El Estado puede proteger al pobre sin permitir que el robo destruya la empresa pública.

Tercero, porque existen redes de complicidad. El hurto masivo no se explica solo por usuarios aislados. En muchos casos hay técnicos, intermediarios, cuadrillas ilegales, empleados corruptos, dirigentes locales, empresarios irresponsables y operadores políticos que facilitan o encubren conexiones fraudulentas. El hurto de energía también es una economía clandestina.

Cuarto, porque la medición es débil. Sin medidores confiables, telemedición, balances energéticos por circuito, control de transformadores y sistemas digitales de alerta, la ENEE trabaja a ciegas. Una empresa moderna sabe cuánta energía entra a una zona, cuánta se factura y dónde se pierde. Si no existe esa trazabilidad, el fraude se esconde en la oscuridad administrativa.

Quinto, porque la respuesta legal ha sido lenta. El robo de energía debe tratarse como un delito económico contra el Estado y contra los usuarios honestos. Si las denuncias no prosperan, si las multas no se cobran, si los procesos se archivan y si los grandes responsables nunca son tocados, el mensaje es devastador: robar energía sale barato.

Sexto, porque los subsidios mal focalizados pueden crear incentivos incorrectos. El subsidio debe proteger al vulnerable, no premiar el derroche, la mora permanente o la cultura de no pago. El país necesita solidaridad, pero también responsabilidad.

V. LA SEPARACIÓN EN GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ¿QUÉ PUEDE APORTAR?

La propuesta de separar internamente la ENEE en áreas o empresas de generación, transmisión y distribución tiene una lógica técnica. Generar energía, transportarla en alta tensión y distribuirla al usuario final son negocios públicos distintos, con costos, riesgos, metas e indicadores diferentes.

La generación debe enfocarse en producir energía al menor costo posible, diversificar la matriz energética, aprovechar recursos renovables, administrar correctamente las plantas estatales y planificar inversiones futuras. La transmisión debe garantizar que la energía circule de forma segura, estable y suficiente por el país, con subestaciones modernas, líneas reforzadas y capacidad para integrar nuevos proyectos. La distribución debe concentrarse en el punto más sensible: medición, facturación, cobranza, atención al cliente, reducción de pérdidas y combate al hurto.

La separación permitiría saber con mayor precisión dónde está el problema. Si generación compra caro, se sabrá. Si transmisión falla, se medirá. Si distribución no cobra o pierde energía, quedará expuesta. Hoy, en una estructura demasiado mezclada, las responsabilidades se diluyen.

Pero separar no es privatizar. Una empresa pública puede organizarse en unidades especializadas y seguir siendo del Estado. El problema no es la separación por sí misma.

El problema es el diseño legal, el gobierno corporativo, la propiedad de los activos y las puertas que se abran o se cierren para concesiones futuras.

Por eso, la reforma debe contener candados claros: propiedad estatal de los activos estratégicos, prohibición de venta sin mayoría calificada del Congreso, auditorías públicas, participación de veedores, publicación de contratos, regulación fuerte de la CREE y protección del usuario final.

VI. ¿DÓNDE ESTÁ EL RIESGO DE PRIVATIZACIÓN?

La denuncia de privatización no debe ser descartada con burla ni aceptada automáticamente como verdad absoluta. Debe analizarse con seriedad.

El riesgo existe cuando la reforma crea sociedades mercantiles sin suficientes candados públicos, cuando permite participación accionaria privada sin debate nacional, cuando abre la puerta a concesionar la distribución sin controles, cuando separa activos rentables de pasivos costosos y cuando el Estado conserva las deudas mientras otros actores administran las áreas de ingresos.

También existe riesgo si la reforma se aprueba sin transparencia, sin socialización, sin explicar el alcance real de las nuevas empresas y sin dejar claro si serán 100% estatales, quién integrará sus juntas directivas, cómo se nombrarán sus gerentes, cómo se contratará personal y cómo se fiscalizarán sus resultados.

Pero también hay que decirlo con claridad: usar el miedo a la privatización para impedir cualquier reforma sería irresponsable. La ENEE no puede seguir igual. Defender lo público no significa defender el desorden. Defender lo público significa exigir una empresa estatal eficiente, honesta, profesional y capaz de cobrar la energía que sirve.

VII. PROPUESTAS SERIAS PARA ENFRENTAR EL HURTO DE ENERGÍA

La lucha contra el hurto debe ser una política nacional, no una campaña temporal. Propongo diez medidas concretas:

1. Crear una Fuerza Especial contra el Fraude Eléctrico, integrada por ENEE, Ministerio Público, Policía, CREE, SAR y municipalidades, con fiscales especializados y metas mensuales verificables.

   
   

2. Instalar medición inteligente en zonas de alto consumo y alto riesgo. Los medidores inteligentes permiten detectar manipulación, consumo anormal, cortes remotos y reconexiones ilegales.

   
   

3. Hacer balances energéticos por circuito, barrio, colonia, transformador y gran cliente. No se puede corregir lo que no se mide. La ENEE debe saber exactamente dónde entra la energía y dónde desaparece.

   
   

4. Auditar a los grandes consumidores. La lucha contra el hurto debe empezar por donde el impacto económico es mayor: industrias, comercios, centros comerciales, edificios, urbanizaciones, planteles, bodegas y negocios de alto consumo.

   
   

5. Regularizar barrios populares con enfoque social. En zonas vulnerables debe combinarse instalación segura, tarifas sociales focalizadas, convenios de pago y educación ciudadana. El objetivo no es castigar al pobre, sino integrarlo a la legalidad.

   
   

6. Sancionar penalmente las redes organizadas de fraude. No basta cortar cables. Hay que perseguir a quienes venden conexiones ilegales, manipulan medidores, falsifican inspecciones o protegen el robo.

   
   

7. Depurar personal interno. La ENEE debe investigar a empleados y contratistas vinculados a manipulación, cobros ilegales, reconexiones clandestinas o protección de usuarios morosos.

   
   

8. Publicar un mapa mensual de pérdidas por zona. La transparencia genera presión. Cada región debe saber cuánto pierde, cuánto recupera y quién responde.

   
   

9. Revisar subsidios y mora. El subsidio debe ser para quien lo necesita, no para quien no quiere pagar. La mora debe tener tratamiento social cuando sea pobreza real y tratamiento legal cuando sea abuso.

   
   

10. Crear una unidad de inteligencia comercial. La ENEE necesita cruzar información de consumo eléctrico con actividad económica, catastro municipal, permisos de operación, declaraciones fiscales y crecimiento urbano. La energía robada deja huellas si el Estado sabe buscarlas.

VIII. BONDADES DE LA REFORMA SI SE HACE BIEN

Si la reforma se diseña correctamente, puede producir beneficios importantes. Primero, transparencia: cada unidad tendría cuentas propias, metas propias y responsabilidades claras. Segundo, eficiencia: se reduciría el desorden interno y cada área se especializaría. Tercero, mejor financiamiento: una estructura ordenada puede facilitar créditos e inversión para modernizar redes. Cuarto, control de pérdidas: una empresa de distribución con metas duras puede concentrarse en el problema principal. Quinto, mejor servicio al usuario: si se mide el desempeño, se puede exigir calidad.

Además, una ENEE ordenada puede ayudar al país a liberar recursos públicos. Cada lempira perdido por hurto o mala administración es un lempira que no va a salud, educación, seguridad, infraestructura o agricultura. La energía no es un tema aislado; es columna vertebral del desarrollo nacional.

IX. RIESGOS SI LA REFORMA SE HACE MAL

Si la reforma se aprueba a la carrera, puede convertirse en un nuevo problema. El primer riesgo es crear tres burocracias en vez de una empresa eficiente. El segundo riesgo es que la distribución, que es el corazón del dinero, sea capturada por intereses privados o políticos. El tercer riesgo es que los trabajadores perciban amenaza laboral y se genere conflicto sindical. El cuarto riesgo es que el usuario termine pagando tarifas más altas por ineficiencias que no cometió. El quinto riesgo es que la reforma se use como maquillaje para no enfrentar el verdadero problema: el hurto y la corrupción.

La reforma necesita legitimidad. Y la legitimidad no se impone: se construye con información, participación, garantías legales y resultados medibles.

X. RUTA POLÍTICA Y TÉCNICA RECOMENDADA

El Gobierno debe presentar la reforma con una narrativa clara: modernizar no es privatizar; rescatar la ENEE no es venderla; separar funciones no es entregar el patrimonio nacional. Pero esa narrativa debe estar respaldada por hechos.

Primero, debe publicar el proyecto completo y explicar artículo por artículo sus alcances.

Segundo, debe establecer por ley que los activos estratégicos seguirán siendo propiedad del Estado hondureño.

Tercero, debe prohibir la venta o concesión de áreas esenciales sin debate público, dictamen técnico y mayoría calificada.

Cuarto, debe crear un consejo de vigilancia con participación de universidades, empresa privada, trabajadores, consumidores y sociedad civil.

Quinto, debe fijar metas anuales de reducción de pérdidas: por ejemplo, bajar de alrededor de 36% a 30%, luego a 25%, luego a 20%, hasta acercarse a estándares regionales.

La ENEE necesita una reforma, sí. Pero necesita una reforma con bisturí, no con machete. Necesita orden, tecnología, autoridad, transparencia y valentía política.

XI. CONCLUSIÓN: NI PRIVATIZACIÓN DISFRAZADA NI ESTATISMO INEFICIENTE

Honduras no debe escoger entre dos extremos falsos: privatizar sin control o mantener una empresa pública quebrada e ineficiente. El camino correcto es construir una ENEE pública, moderna, profesional, transparente y financieramente sostenible.

La separación en generación, transmisión y distribución puede ser útil si sirve para ordenar, medir y responsabilizar. Pero puede ser peligrosa si se convierte en una puerta trasera para entregar los activos del Estado o socializar pérdidas mientras otros privatizan ganancias.

El debate debe ser serio. El pueblo no necesita consignas; necesita luz, servicio, tarifas justas y una empresa pública que funcione. La ENEE debe dejar de ser botín político, caja de deudas y víctima del hurto. Debe convertirse en una institución estratégica al servicio del desarrollo nacional.

La defensa de la ENEE no consiste en dejarla como está. La verdadera defensa de la ENEE consiste en rescatarla de la corrupción, del robo, de la improvisación y de la politiquería. Modernizarla con transparencia es una obligación. Privatizarla a escondidas sería una traición. Mantenerla quebrada también sería una irresponsabilidad histórica.

Por: Marvin Ponce Sauceda

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FUENTES DE REFERENCIA

• El Heraldo y La Prensa reportaron que al cierre de agosto de 2025 las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE se mantenían alrededor del 36.01%, equivalentes a unos L15,433 millones.

• Proceso Digital y Hondudiario recogieron estimaciones de expertos que ubican las pérdidas diarias de la ENEE alrededor de L40 millones y entre 34% y 36%.

• Medios nacionales como El Pulso, Radio Progreso, Hondudiario y TNH informaron en junio de 2026 sobre el debate de la reforma para separar o escindir funciones de generación, transmisión y distribución, así como las denuncias de posible privatización y la respuesta oficial de que la propiedad seguiría siendo estatal.

• El portal de transparencia del IAIP registra decretos y notas relacionadas con el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas en la ENEE durante 2023 y 2024.