El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, confirmó que hasta el momento no existe un requerimiento fiscal en contra de la diputada Isis Cuéllar, pese a su vinculación en el caso relacionado con supuestas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). La aclaración busca desmentir rumores sobre una posible acción legal inmediata contra la parlamentaria, representante del partido Libre por Copán.

Zelaya explicó que el informe preliminar emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que señala posibles asignaciones indebidas de recursos del Fondo de Administración Solidaria, no constituye evidencia suficiente para iniciar un proceso penal. “Los informes del TSC son meramente ilustrativos y no tienen fuerza probatoria legal en el proceso penal”, puntualizó. El tribunal había señalado a Cuéllar por presuntos favorecimientos a personas con vínculos políticos o familiares en proyectos sociales de Copán.

El fiscal subrayó que la investigación aún se encuentra en análisis, con recopilación de documentación, testimonios y la realización de audiencias de campo para determinar responsabilidades. Aclaró además que nadie está por encima de la ley y que el Ministerio Público actuará con objetividad y sin presiones externas: “Los casos que se presentan lo hacemos de manera objetiva y conforme al debido proceso”, indicó Zelaya.

En cuanto a la participación de Isis Cuéllar, Zelaya recordó que no es obligatorio presentarse voluntariamente para que se pueda avanzar en la investigación. El procedimiento legal establece que un requerimiento fiscal puede ser presentado una vez que el MP considere que existen elementos suficientes, independientemente de la disposición de la persona investigada a declarar.

El caso también involucra a otros funcionarios y exfuncionarios de Sedesol, entre ellos el exministro José Carlos Cardona, quien mantiene disposición de colaborar con las autoridades judiciales. Las pesquisas buscan determinar la existencia de irregularidades en la distribución de recursos públicos, incluyendo posibles actos de corrupción, fraccionamiento de contratos o pagos injustificados en programas sociales.

Con su pronunciamiento, Zelaya busca tranquilizar a la opinión pública y desactivar especulaciones sobre favoritismos o presiones políticas en el caso, reafirmando que el MP actuará con transparencia y bajo los principios del debido proceso. Además, enfatizó que la institución seguirá recabando información y realizando peritajes técnicos que permitan esclarecer la magnitud de los posibles delitos y, en su caso, señalar a los responsables.

El fiscal concluyó que todas las acciones que se tomen serán enmarcadas en la ley, garantizando que ni la diputada Cuéllar ni cualquier otro implicado reciban un trato privilegiado, y que las investigaciones continuarán hasta esclarecer plenamente el manejo de los recursos de Sedesol.

Esta declaración se produce en medio de un debate público sobre la transparencia en la gestión de fondos sociales, y refleja la intención del Ministerio Público de actuar con independencia y evitar que los procesos judiciales se vean afectados por intereses políticos.