Este lunes vence el ultimátum dado al gobierno por los clientes de la empresa Koriun para el descongelamiento de sus cuentas bancarias, mientras crecen la incertidumbre y las dudas legales en torno a la empresa, el manejo estatal del caso y la ausencia de imputaciones formales.

Miles de ahorrantes esperan la devolución de sus fondos con intereses, luego de que el Ministerio Público (MP) incautara más de 358 millones de lempiras a la compañía por presunta captación ilegal de dinero del público. Pese a los allanamientos realizados semanas atrás, la empresa no ha sido formalmente liquidada, ni enfrenta procesos judiciales abiertos, según lo confirman tanto la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) como la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

El representante legal de Koriun, Roberto Talavera, afirmó que fue citado este día por el MP para iniciar el proceso de aseguramiento y devolución de los fondos. “A partir del lunes por la tarde, la empresa va a tener la disponibilidad del dinero y procederemos a pagar a los clientes”, dijo, tras señalar que los 60 millones de lempiras entregados previamente ya fueron distribuidos.

Por su parte, el gerente Iván Velásquez responsabilizó al gobierno de cualquier acto de violencia que pueda surgir si no se cumple la devolución. “Vamos a llegar a Tegucigalpa con 20 representantes y abogados. Si no nos devuelven el dinero, que el gobierno asuma las consecuencias”, advirtió.

Desde el Estado, el director de la OABI, Marco Zelaya, reiteró que Koriun no puede continuar operando como lo hacía anteriormente. “La empresa está abierta solo para devolver el dinero incautado, no para seguir captando fondos”, precisó, añadiendo que el dinero sigue bajo resguardo del Ministerio Público en Choloma.

El presidente de la CNBS, Marcio Sierra, admitió que la empresa no fue cerrada de inmediato tras los allanamientos por temor a un estallido social, ya que Choloma es considerada una “zona caliente” y muchos de los clientes son habitantes de esa región.

El caso ha generado polémica entre juristas y exfuncionarios. El exfiscal general Edmundo Orellana cuestionó la legalidad de las acciones del MP y la CNBS en redes sociales. “¿Por qué no se ha iniciado el proceso judicial si la CNBS denunció? ¿Es legal devolver dinero sin orden judicial? ¿Puede una empresa no financiera devolver dinero por liquidación?”.

También advirtió sobre el posible daño a la seguridad jurídica del país al permitir que una empresa acusada de captar dinero ilegalmente siga abierta sin consecuencias penales. Hasta ahora, ningún directivo ha sido acusado formalmente.