Miembros del movimiento Unidos por la Democracia se presentaron ante las instalaciones del Ministerio Público (MP) para interponer una denuncia formal contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, así como contra los consejeros suplentes Carlos Enrique Cardona Hernández y Karen Patricia Rodríguez, y el dirigente del partido LIBRE, Melvin Ceballos, a quienes acusan de obstaculizar el proceso electoral y atentar contra la institucionalidad democrática del país.

La comitiva denunciante, encabezada por el doctor Rony Portillo, expresó su frustración al llegar al MP y no encontrar un fiscal que recibiera la denuncia.

En declaraciones a la prensa, Portillo lanzó una advertencia contundente: “El Ministerio Público no cumple con sus funciones. Puede haber hasta una guerra civil o derramamiento de sangre.

En sus manos está evitar un autogolpe o golpe de Estado”, afirmó, señalando que los intentos por deteriorar el proceso electoral deben tomarse con seriedad.

El grupo acusa al consejero Marlon Ochoa y a los otros funcionarios de intentar manipular el desarrollo del proceso electoral, en especial relacionado con la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

La abogada Nilia Ramos, también presente en la denuncia, afirmó que lo que está en juego es la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

“La ley se debe aplicar sin importar a qué partido pertenezcan los involucrados. No se puede permitir que se bloquee el avance de un proceso electoral limpio y confiable”, expresó.

Ramos explicó que el dirigente de LIBRE, Melvin Ceballos, también fue incluido en la denuncia porque, según dijo, el 7 de julio encabezó un grupo de colectivos que interrumpió el proceso de recepción de ofertas por parte de empresas interesadas en implementar el sistema TREP, lo que habría generado temor y presión indebida a los oferentes.

“Algunos representantes de estas empresas tuvieron que retirarse tras ser amedrentados. Eso no puede quedar impune”, concluyó la abogada, exigiendo una aplicación firme del Código Penal.

Finalmente, los denunciantes cuestionaron la ausencia del fiscal general Johel Zelaya, quien se encuentra de vacaciones en Estados Unidos, dejando acéfalo al MP en un momento que consideran crítico para la democracia hondureña.

El caso refleja las crecientes tensiones políticas de cara a las elecciones primarias y generales de 2025, donde diversas fuerzas de oposición temen una politización del proceso electoral y denuncian presiones e interferencias que podrían afectar la legitimidad de los resultados.