El Noveno Circuito de Apelaciones de California resolvió este miércoles a favor del gobierno del entonces presidente Donald Trump, permitiendo que se ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de inmigrantes originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal.

Con esta decisión, alrededor de 51.000 hondureños, 3.000 nicaragüenses y miles de nepalíes podrían perder su protección frente a la deportación y su autorización de trabajo, un beneficio que algunos han mantenido durante más de dos décadas.

El tribunal suspendió la orden de un juez de distrito que había frenado la cancelación del amparo, dando así luz verde al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para reactivar las órdenes de terminación. En la práctica, esto significa que los afectados cuentan únicamente con 60 días antes de quedar sin estatus migratorio legal.

Los beneficiarios de Honduras y Nicaragua obtuvieron el TPS tras el huracán Mitch en 1998, mientras que los de Nepal fueron amparados luego del terremoto de 2015.

Muchos han formado familias y tienen hijos nacidos en EE. UU., lo que agrava las implicaciones sociales de la medida.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la cancelación afirmando que responde a la necesidad de “restaurar la integridad del sistema migratorio”, al sostener que el TPS nunca fue diseñado como un mecanismo de asilo permanente.

En contraste, Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, consideró que la medida forma parte de una “campaña coordinada para eliminar cualquier estatus legal” a los inmigrantes. Añadió que, aunque el fallo es un golpe duro, la lucha por preservar el amparo humanitario continúa.

Por su parte, Ahilan Arulanantham, académico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), cuestionó la decisión judicial señalando que los demandantes “merecen algo mejor”.

De acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), la eliminación del TPS afectará no solo a los beneficiarios directos, sino también a más de 40.000 hijos ciudadanos estadounidenses de padres hondureños, nicaragüenses y nepalíes.

Organizaciones proinmigrantes han advertido que el fin del programa obligará a miles de familias a tomar decisiones difíciles: regresar a países donde no tienen ya vínculos sólidos o permanecer en EEUU en condición irregular, con el riesgo de deportación.

La administración Trump impulsó el retiro del TPS a varios grupos migrantes, incluidos haitianos y venezolanos, sumando cientos de miles de personas en riesgo de perder su estatus.

La medida se enmarca en su política de restricción migratoria, que buscaba limitar de forma significativa los beneficios humanitarios y los permisos temporales.

El fallo judicial deja a miles de familias en un escenario incierto, mientras organizaciones civiles insisten en que la última palabra aún no está dicha y que las cortes superiores podrían reconsiderar el caso.