El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declaró este martes inadmisibles los recursos de apelación que había presentado el excandidato presidencial Salvador Nasralla en contra de los resultados de las elecciones generales de 2025, cerrando así una vía legal importante en el proceso poselectoral.

En sesión de pleno jurisdiccional, los magistrados del TJE evaluaron tres recursos presentados por la abogada Karla Romero, representante legal de Nasralla y del Partido Liberal, que buscaban cuestionar distintos aspectos del proceso y solicitar nuevas revisiones de actas, incluyendo la contabilización de miles de actas del nivel presidencial que, según sus argumentos, podrían alterar el resultado.

Sin embargo, el tribunal determinó que esas apelaciones no cumplían con los requisitos legales correspondientes y que la figura jurídica utilizada no era la adecuada para impugnar la declaratoria de resultados emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 24 de diciembre de 2025, por lo que fueron rechazadas por mayoría de votos (2‑1).

El presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, explicó que los recursos presentados no se ajustaron a la vía de impugnación prevista por la normativa electoral para estos casos y, por tanto, no podían ser admitidos para su tramitación, lo que reafirma la determinación del CNE de haber declarado a Nasry “Tito” Asfura como presidente electo.

La decisión del tribunal tiene carácter definitivo e inapelable, según recordaron los magistrados, y se produce en medio de un intenso debate público sobre la transparencia y la validez del proceso electoral que ha marcado las últimas semanas en el país.

Con esta resolución, el TJE continúa con el análisis de otros recursos poselectorales presentados en diferentes niveles (municipales y legislativos), dentro del plazo legal que tiene para resolverlos antes de la instalación del nuevo Congreso Nacional, programado para enero.

La inadmisión de las apelaciones de Nasralla se suma a la serie de decisiones que han consolidado los resultados electorales y que han sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de sectores de la oposición, quienes han exhortado a que se garantice el debido proceso y mecanismos que permitan a todos los contendientes agotar sus posibilidades legales.

Este avance en el tratamiento de impugnaciones se da en el contexto de una atmósfera de alta atención pública sobre la organización de las próximas autoridades, con la transición rumbo al nuevo gobierno que deberá asumir el poder a finales de enero.