El ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, advirtió este sábado que numerosos servicios esenciales de la Policía Nacional, incluidos los de prevención, disuasión y control del delito, podrían detenerse en los próximos días debido a la falta de aprobación del Presupuesto General de la República para el año 2025.

Sánchez explicó que, al no contar con un presupuesto actualizado, la Secretaría de Seguridad sigue operando con los fondos asignados en 2024, lo que representa serias limitaciones para la renovación de seguros de vida, médicos y de vehículos para la Policía Nacional, los cuales están en riesgo.

“La falta de presupuesto podría paralizar los servicios policiales que son fundamentales para la prevención y control del delito en el país. No es solo un problema financiero, sino también un riesgo directo para la seguridad de los ciudadanos”, afirmó el ministro.

Sánchez lamentó que en años anteriores no se le haya dado a la seguridad nacional la prioridad necesaria y recordó que el fortalecimiento de la Policía Nacional solo ha sido posible en los últimos tres años. Sin embargo, subrayó que este avance está en peligro si no se logran los consensos políticos para aprobar el presupuesto del próximo año.

El ministro hizo un llamado a los tomadores de decisiones en el Congreso Nacional para alcanzar los acuerdos necesarios que permitan garantizar la operatividad de la Policía Nacional y la continuidad de los programas de seguridad.

Además, enfatizó la importancia de fortalecer herramientas legales como el estado de excepción para hacer frente a la delincuencia de manera efectiva.

“La seguridad no puede esperar. Es vital dotar a las fuerzas policiales del equipo y recursos necesarios para mantener el orden y proteger a la ciudadanía”, concluyó Sánchez.

La falta de presupuesto para la Policía Nacional ha generado preocupación entre diversos sectores, ya que podría afectar la capacidad del país para hacer frente a desafíos como el crimen organizado, la violencia y la inseguridad ciudadana.

Con esta situación, se pone de manifiesto la urgencia de establecer un diálogo entre los poderes del Estado para garantizar la continuidad de los servicios policiales y la estabilidad del país.