La permanencia de Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional de Honduras, en la planilla del Legislativo, a pesar de haber renunciado a su cargo en septiembre del año pasado, ha generado un amplio debate político en el país.

El caso ha despertado reacciones de figuras como el precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien cuestionó la falta de control sobre los fondos públicos y acusó a la dirigencia del Partido Libertad y Refundación (Libre) de mantener una estructura de poder que impide la denuncia de irregularidades dentro del Congreso.

Nasralla, quien también ocupa el cargo de designado presidencial, criticó públicamente que Zelaya siguiera recibiendo su salario a pesar de su renuncia y de la controversia que surgió tras la admisión de su reunión en 2013 con narcotraficantes, quienes supuestamente le ofrecieron financiamiento para su campaña política.

En una entrevista reciente, Nasralla señaló que Zelaya "está muy feliz recibiendo un sueldo que no le corresponde" y criticó la falta de voluntad dentro del Congreso para cuestionar las acciones de figuras como Zelaya o su cuñado, Rixi Moncada.

El precandidato liberal también denunció que la mayoría de los diputados, aproximadamente el 80%, están comprometidos con el poder debido a su implicación en actos de corrupción, lo que les impide cuestionar o desafiar las decisiones de los líderes del Congreso.

En este sentido, Nasralla ha sido un crítico constante del gobierno de Xiomara Castro y de la influencia de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, sobre las decisiones políticas del país.

La situación de Carlos Zelaya en la planilla del Congreso podría generar presiones adicionales para que las autoridades aclaren su estatus y fortalezcan los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos.