En cadena nacional, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está usurpando atribuciones legislativas y reproduciendo prácticas ilícitas consistentes con los fraudes electorales de 2013 y 2017 respaldadas por investigación de fiscales estadounidenses del Distrito Sur de Nueva York.

El CNE está bajo presión por adelantarse a sus competencias normativas y operativas, lo que podría invalidar el proceso del TREP.

La intervención de Redondo busca frenar reformas electorales no legisladas y evitar repetir errores que derivaron en crisis económicas y políticas.

El caso de los fraudes de 2013 y 2017, vinculados a redes del narcotráfico, sigue en el ojo público tras las sentencias recientes en cortes estadounidenses.

Redondo advirtió que, al aprobar por mayoría (2 a 3) la implementación de un nuevo pliego de condiciones para un sistema informático de transmisión y revisión de resultados electorales preliminares (TREP) sin contar con mandato legal del Congreso, el CNE está violando disposiciones constitucionales y electorales (artículos 21, 32, 37, 46, 278–282 de la Ley Electoral, además del artículo 205 num.1 de la Constitución).

Detalló que este pliego sugiere añadir una “segunda transcripción manual” y una junta paralela para revisar actas de votación, elementos que no están contemplados en la ley electoral actual. Según señaló, esto no es una mejora técnica, sino una vía para introducir modificaciones al proceso electoral mediante instrumentos administrativos—una forma encubierta de reformas no constituidas por el legislador.

El diputado sostuvo que el pueblo hondureño no puede permitir que la democracia se sustente nuevamente sobre las bases de la impunidad y el crimen organizado. Recordó que documentos oficiales del caso contra Juan Orlando Hernández (PJ 115 CR 379 PKC) revelan cómo narcoactores financiaron campañas, sobornaron delegados de mesa, alcaldes y diputados, manipularon resultados, y actuaron en connivencia con el Tribunal Supremo Electoral y el CNE.

Redondo subrayó que esta tecnología sin respaldo legal replica el modelo utilizado en 2013 y 2017 para favorecer a la élite política aliada al narcotráfico, lo cual generó violencia, fraude y desconfianza. Según él, los expedientes judiciales confirmaron pagos de millones de dólares por parte de los Carteles de Sinaloa y Cachiros para influir en elecciones y asegurar cargos como presidencia del Congreso y la Presidencia de la República.

Finalmente, Redondo enfatizó: “No podemos permitir que el país retroceda a ese modelo oscuro. Si el CNE quiere introducir un nuevo componente electoral, debe primero pasar por un proceso de reforma legislativa aprobado por este Congreso, tal como lo exige la Constitución.”