Las redadas migratorias en Estados Unidos se han convertido en un obstáculo latente para la participación electoral de los hondureños radicados en ese país. En un contexto de creciente tensión migratoria, los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han incrementado el temor entre la diáspora, llegando incluso a restaurantes, supermercados y hospitales, lo que limita la movilidad de los migrantes y reduce su disposición a acudir a los centros de votación para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

Orlando López, presidente de la Organización Francisco Morazán en Miami, advirtió que “las redadas contra los migrantes se están realizando hasta en restaurantes, por lo que no todos saldrán a votar”, reflejando el impacto directo de estas medidas sobre la representatividad de los votantes en el exterior.

Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), Honduras cuenta con un censo de 6.522.577 electores, de los cuales 496.307 están inscritos en el extranjero. Sin embargo, solo 399.537 hondureños podrán votar en 12 centros y 15 juntas receptoras de votos en Estados Unidos, siempre y cuando se autoricen los recursos necesarios para la logística y la operación del Tribunal de Justicia Electoral, presupuesto que aún depende de la aprobación del Congreso Nacional.

El exvicecanciller Antonio García señaló que, sin los fondos oportunos, el ejercicio del voto en el extranjero no será posible, y destacó la complejidad de montar la estructura logística requerida para garantizar un proceso seguro y accesible para los migrantes.

Pese a estas dificultades, autoridades y líderes de opinión hacen un llamado a la participación. Monseñor Miguel Leniham, arzobispo de San Pedro Sula, instó a los ciudadanos a salir a votar de manera masiva el 30 de noviembre, recordando que aunque el censo supera los seis millones, históricamente solo vota alrededor de la mitad debido a la desconfianza en los partidos políticos y la percepción de corrupción.

En este escenario, las redadas en Estados Unidos se suman a otros desafíos estructurales para la democracia hondureña, y podrían influir directamente en la representación de la diáspora en los próximos comicios, generando un efecto de disuasión del voto que preocupa tanto a la comunidad internacional como a organizaciones locales que promueven la participación ciudadana.