
RDD exige transparencia y estabilidad electoral antes de las elecciones generales

8 de mayo de 2025
8 de mayo de 2025
La Red por la Defensa de la Democracia (RDD), integrada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, empresas, academia, iglesias, mujeres y jóvenes, ha emitido un llamado urgente en medio de un clima de desconfianza hacia el sistema electoral. Ante una participación ciudadana en mínimos históricos en las primarias y múltiples denuncias por irregularidades logísticas y financieras, la RDD demanda garantías de transparencia y un Consejo Nacional Electoral (CNE) que ofrezca certidumbre y estabilidad de cara a las elecciones generales de noviembre. Al mismo tiempo, denuncia un aumento de ataques y amenazas desde el poder y un estado de excepción que ha vulnerado derechos fundamentales.
En un comunicado difundido este miércoles, la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) advirtió sobre los vicios y amenazas contra la democracia hondureña, y denunció serias debilidades en el sistema electoral de cara a las elecciones generales de noviembre de 2025. La RDD, conformada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, empresas, instituciones académicas, iglesias, colectivos de mujeres y jóvenes, presentó la tercera entrega del Observatorio de la Democracia, en el cual se evidencia un retroceso en la participación ciudadana durante las elecciones primarias del 9 de marzo, alcanzando niveles mínimos no vistos desde 2017.
El análisis del Observatorio reveló que de 394 denuncias recibidas a través de la línea 108 del Consejo Nacional Electoral (CNE), 264 correspondieron a problemas logísticos: retrasos en la entrega de maletas electorales, material ausente o kits incompletos. Además, la RDD criticó la persistente opacidad en el financiamiento de las campañas electorales: un 64 % de los precandidatos no han abierto las cuentas bancarias diferenciadas exigidas por la ley para acreditar el origen de los recursos, y solo el 51 % de los sujetos obligados presentó los informes requeridos a dos días del vencimiento del plazo.
La denuncia se enmarca en un contexto de reiterados ataques y amenazas provenientes del poder, donde durante los primeros cuatro meses del año se registraron al menos 1,230 agresiones contra periodistas, activistas y organizaciones críticas. Estos ataques, impulsados en parte por cuentas oficiales y perfiles falsos patrocinados con recursos públicos, han logrado alcanzar a 77 millones de hondureños en plataformas como Facebook e Instagram, en el período entre junio de 2024 y mayo de 2025. Además, medios alternativos vinculados al poder han invertido más de L 1.6 millones en pautas en redes sociales, destinando al menos un 15 % de esta suma a atacar a opositores y candidatos, incluido el desprestigio de consejeras del CNE.
La RDD también denunció que el actual Poder Ejecutivo ha utilizado instrumentos legales y acciones de Fuerzas Armadas, Congreso Nacional, Policía Nacional y secretarías de Estado para intimidar el espacio cívico. El estado de excepción vigente ha permitido la suspensión de derechos fundamentales, situación que ha generado 394 quejas por violaciones a los derechos humanos durante el 2024 y lo que va del 2025. En algunas zonas de las principales ciudades, como la capital y San Pedro Sula, los ciudadanos se vieron obligados a permanecer en los centros de votación hasta altas horas de la noche durante las primarias, lo que pone en evidencia la necesidad de revisar y suspender esta medida ilegal previo a las elecciones generales.
Bajo esta sombría perspectiva, la RDD instó a las autoridades hondureñas a establecer garantías de integridad electoral, asegurar una participación ciudadana efectiva y mantener el respeto absoluto al Estado de derecho. La organización también exhortó a la población a mantenerse activa y vigilante, participando y controlando el desarrollo de cada etapa del proceso electoral.
Con este llamado, la RDD busca contrarrestar las prácticas antidemocráticas y promover una transición electoral en condiciones de transparencia, estabilidad y respeto a los derechos ciudadanos, evitando que vicios y actitudes represivas comprometan la legitimidad de las próximas elecciones generales.



