
Presidenta Xiomara instruye reforzar apoyo consular a hondureños afectados por fin del TPS

9 de julio de 2025
9 de julio de 2025
Ante la reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras por parte del gobierno de Estados Unidos, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya se pronunció públicamente a través de su cuenta oficial en la red social X, lamentando la decisión y anunciando acciones concretas para respaldar a los más de 55 mil hondureños que quedarían en condición de vulnerabilidad.
Castro calificó la medida como “un duro golpe para nuestros migrantes hondureños”, señalando que es parte de una estrategia política interna en EE. UU., enmarcada en su campaña electoral.
“La cancelación del régimen de protección temporal (TPS) es resultado de una estrategia anunciada por Estados Unidos...”, escribió.
En respuesta, la mandataria anunció que ha instruido a la Secretaría de Relaciones Exteriores para redoblar el apoyo consular y jurídico a los hondureños amparados hasta ahora por el TPS, con el fin de salvaguardar sus derechos y ofrecer asistencia legal en esta nueva etapa. “A ellos les digo con firmeza: no están solos”, afirmó.
Castro también indicó que el gobierno de Honduras mantendrá un diálogo abierto y franco con las autoridades estadounidenses, buscando una salida “humana” a la situación y apelando al interés mutuo de preservar relaciones estrechas y el respeto a los tratados internacionales. “El Gobierno de Honduras los abraza donde quiera que se encuentren”, añadió.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció el pasado 5 de julio que la designación de Honduras al TPS expirará oficialmente el 5 de julio de 2025, tras determinar que las condiciones actuales del país ya no justifican la extensión del estatus. Esto abre un periodo de incertidumbre para miles de familias que podrían enfrentarse a la deportación, salvo que se logre una solución diplomática o legal alternativa.
El llamado de la presidenta y las acciones en curso desde la Cancillería reflejan el interés del gobierno hondureño por proteger a su comunidad en el exterior y evitar una expulsión masiva que tendría graves consecuencias humanitarias y socioeconómicas tanto en EE. UU. como en Honduras.



