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En una declaración cargada de advertencias y reclamos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció públicamente una “conspiración” orientada a debilitar y desmantelar al ente electoral, en medio de la creciente incertidumbre que rodea el proceso rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre.

El pronunciamiento de López se produjo horas después de que el fiscal general, Johel Zelaya, ordenara la intervención inmediata del CNE y girara instrucciones a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para allanar sus oficinas, como parte de una investigación por supuestos delitos graves vinculados al proceso electoral.

“Denuncio públicamente la conspiración y el accionar sistemático para debilitar y desmantelar al Consejo Nacional Electoral”, expresó López a través de sus redes sociales. La consejera, representante del opositor Partido Nacional, advirtió que las amenazas más severas contra el proceso electoral “provienen desde dentro de las propias estructuras del Estado”.

Según explicó, el CNE tenía programada una sesión de trabajo este miércoles para abordar temas urgentes del proceso electoral. Sin embargo, aseguró que nuevamente fuerzas externas “intentaron entorpecer el desarrollo normal” de la agenda institucional.

López fue enfática en sus críticas: “Si de verdad existe voluntad de investigar conspiraciones e injerencias, deben comenzar por revisar sus propias declaraciones, presiones y maniobras”, en aparente referencia a las acciones del Ministerio Público.

La intervención ordenada por el fiscal Johel Zelaya incluyó el allanamiento de las instalaciones del CNE y la citación formal de sus tres consejeros: Cossette López (Partido Nacional), Ana Paola Hall (Partido Liberal) y Marlon Ochoa (partido oficialista Libre). La investigación incluye acusaciones de conspiración, abuso de autoridad, traición a la patria y violación de deberes, presuntamente cometidos en perjuicio de la Constitución y la administración pública.

En conferencia de prensa, el fiscal Zelaya sostuvo que “hay un CNE que no está respondiendo a los intereses del país” y acusó directamente a los consejeros de “conspirar contra las elecciones generales”.

Consultada por medios nacionales, López respondió que esta intervención “no es una sorpresa” y representa una clara señal de que las instituciones están siendo sometidas a presión para operar bajo intereses políticos. “Aquí se está amedrentando a todo el sistema para que funcione a conveniencia de ciertos propósitos que claramente se alejan del marco legal y democrático”, puntualizó.

La situación agrava la ya delicada crisis institucional que enfrenta el órgano electoral. Las divisiones internas entre los consejeros, el retraso en la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la reciente renuncia de Hall como consejera han encendido las alarmas sobre la viabilidad de organizar elecciones libres y transparentes.

Con el reloj electoral avanzando rápidamente, las declaraciones de López reflejan un ambiente de tensión creciente y de desconfianza entre las instituciones que deberían garantizar un proceso electoral confiable. El conflicto entre el CNE y el Ministerio Público podría tener repercusiones profundas en la legitimidad de los comicios y la estabilidad democrática del país.