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El reciente anuncio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre la implementación obligatoria del registro biométrico para la adquisición y mantenimiento de líneas telefónicas en Honduras ha desatado una ola de críticas y dudas, especialmente al coincidir con un año electoral. La medida, que implica la recopilación de datos faciales y huellas dactilares de los usuarios de telefonía móvil, ha sido calificada por distintos sectores como "insensata" y "riesgosa" en términos de privacidad y derechos ciudadanos.

El presidente de Conatel, Lorenzo Sauceda, explicó que la nueva disposición responde a esfuerzos por mejorar la seguridad y regular la venta de chips telefónicos en el país. Según el funcionario, a partir de marzo de 2025, cualquier persona que desee adquirir un chip deberá someterse a un escaneo facial y al registro de su huella dactilar. Para quienes ya poseen una línea telefónica, el registro biométrico será obligatorio entre el 1 de mayo y el 1 de junio, bajo amenaza de suspensión del servicio en caso de incumplimiento.

"Por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro estamos comprometidos a divulgar esta campaña para que la población conozca las nuevas disposiciones", afirmó Sauceda, señalando que una aplicación específica permitirá a las empresas telefónicas gestionar el registro de usuarios.

El anuncio ha sido objeto de severas críticas por parte de diversos actores políticos y defensores de derechos ciudadanos, quienes cuestionan la legalidad y las intenciones detrás de la medida.

El ex presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, calificó la decisión de Conatel como "insensata" y sugirió que el organismo revise su actuación en la materia. "Conozco la ley marco del sector de telecomunicaciones y no encuentro tal obligación en la legislación vigente", manifestó Mossi, enfatizando que medidas de esta naturaleza solo deberían implementarse con orden judicial y en el marco de investigaciones criminales.

Por su parte, la diputada Claudia Ramírez expresó su preocupación por la falta de información sobre la protección de los datos biométricos. "Conatel no ha brindado detalles sobre dónde y cómo se almacenarán estos datos ni quién tendrá acceso a ellos", indicó. Además, Ramírez subrayó que Honduras ya cuenta con un registro biométrico administrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que la medida podría generar una "base de datos paralela" sin claridad sobre su manejo.

La diputada María Antonieta Mejía también se manifestó en contra, argumentando que la recolección obligatoria de datos biométricos representa un riesgo de seguridad y privacidad para los ciudadanos, además de ser una medida que no ha sido discutida ni aprobada en el Congreso Nacional. "Esto no solo expone a los usuarios a posibles ciberataques, sino que también puede convertirse en un mecanismo de control social en un contexto político delicado", advirtió Mejía.

El diputado Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras, señaló que la implementación de esta medida en un año electoral genera "serias suspicacias". "Es preocupante que en una época donde la identificación biométrica jugará un papel fundamental en las elecciones generales de noviembre, el gobierno busque recopilar masivamente datos faciales y huellas dactilares de los ciudadanos", advirtió. Además, cuestionó la falta de debates en el Congreso sobre el tema y alertó sobre el riesgo de manipulación de la información en un sistema digital vulnerable a ataques.

Expertos en derechos digitales y ciberseguridad han alertado sobre los peligros de que empresas privadas gestionen datos biométricos sin una regulación estricta. En un contexto de creciente vigilancia estatal y limitaciones a las garantías constitucionales, el uso indebido de esta información podría derivar en la violación de derechos fundamentales.

El registro biométrico obligatorio promovido por Conatel sigue generando interrogantes y preocupaciones en distintos sectores del país. La falta de claridad sobre la protección de los datos, la ausencia de un marco legal que respalde la medida y su implementación en un año electoral han intensificado los cuestionamientos sobre su verdadero propósito. Mientras tanto, el gobierno y Conatel continúan sin ofrecer respuestas concretas sobre las garantías de privacidad y seguridad para la ciudadanía hondureña.