La audiencia preliminar contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez, y otros dos exmilitares, acusados ​​de homicidio durante el conflicto sociopolítico de 2009, ha sido pospuesta. La audiencia debía celebrarse este lunes, pero será reprogramada debido a que el expediente se encuentra en apelación. La Corte de Apelaciones debe decidir si confirma o revoca el arresto domiciliario ordenado el 12 de enero para los tres exjerarcas militares.

​​Los tres acusados, además de Vásquez, son el exsubjefe de las Fuerzas Armadas, Venancio Cervantes, y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto. Fueron detenidos el 5 de enero de 2025 y se beneficiaron de una resolución judicial que les permite defenderse en libertad bajo arresto domiciliario, con la obligación de estar bajo la vigilancia de sus abogados y sin poder salir del país.

La Fiscalía acusa a los tres exmilitares de homicidio y tentativa de homicidio en perjuicio de los seguidores de Manuel Zelaya, el entonces presidente derrocado. La víctima fatal fue Isy Obed Murillo, quien murió el 5 de julio de 2009 durante una manifestación a favor de Zelaya. Murillo recibió un disparo en la cabeza cuando el presidente intentaba regresar al país por vía aérea, lo que fue impedido por las Fuerzas Armadas al bloquear la pista del Aeropuerto Internacional de Toncontín.

En el mismo incidente, Alex Roberto Zavala resultó gravemente herido por disparos de militares hondureños. Según la Fiscalía, los militares actuaron de manera desproporcionada, disparando de forma indiscriminada con fusiles de alto poder contra manifestantes pacíficos.

El contexto de este caso se remonta al golpe de Estado de 2009, cuando Manuel Zelaya fue derrocado mientras promovía una consulta popular para reformas constitucionales, a pesar de la oposición de varios sectores del poder judicial y político del país. La crisis que siguió al golpe involucró actos de represión por parte de las Fuerzas Armadas contra manifestantes y simpatizantes del derrocado presidente.

Este proceso judicial representa uno de los pocos casos en los que se lleva a cabo una investigación contra altos oficiales militares por violaciones a los derechos humanos durante el golpe de Estado y sus secuelas. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en el país sobre la responsabilidad de los militares en situaciones de conflicto político.