El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) expresan su profunda preocupación ante los recientes procesos de nombramiento y traslado de jueces y magistrados en el Poder Judicial, realizados al margen de los procedimientos legales y en contravención de los estándares internacionales.

Según las organizaciones, estas acciones reiteran prácticas que ya han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos contra Honduras. En un comunicado conjunto, el CNA y la ASJ destacaron que los nombramientos y traslados se están realizando sin concurso público ni procedimientos establecidos, violentando los principios de legalidad, transparencia e inmovilidad del cargo.

"Las autoridades judiciales están nombrando a personal administrativo, asistentes y externos con base en criterios políticos y no en méritos profesionales, debilitando la confianza en el sistema judicial", señalaron las organizaciones.

Además, el CNA y la ASJ denunciaron que se están efectuando traslados de jueces y magistrados para controlar posiciones clave, particularmente en el circuito especializado en criminalidad organizada y corrupción. "Estas prácticas reemplazan los conocimientos técnicos y la trayectoria profesional por criterios de conveniencia política, promoviendo la concentración de poder", agregaron.

Las organizaciones recordaron que la Corte IDH condenó al Estado hondureño por afectar la independencia y permanencia de los jueces en sus cargos en el caso López Lone y otros vs. Honduras. "Estas nuevas prácticas evidencian una repetición de las violaciones que llevaron a dicha condena", señaló.

El CNA y la ASJ instalaron al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y perpetúan el control político sobre el sistema de justicia. "Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas, y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía", concluyeron.

La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho, y es responsabilidad de todos los actores involucrados garantizar que se respeten los principios de participación social, transparencia y meritocracia en los procesos judiciales.