La organización Defensores de Honduras emitió un contundente comunicado en el que solicita la destitución inmediata del actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, acusándolo de violar la Constitución de la República y someter a la institución castrense a intereses partidarios.

En el documento dirigido al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, la organización denuncia que Honduras atraviesa una profunda crisis institucional, marcada por la impunidad, la opacidad y la politización creciente de las Fuerzas Armadas. A juicio del organismo, estas condiciones atentan contra el Estado de Derecho y la democracia del país.

La principal crítica se centra en declaraciones del general Hernández, quien afirmó que las Fuerzas Armadas son “un instrumento del Poder Político”, lo cual, según Defensores de Honduras, contraviene el Artículo 272 de la Constitución, que define a las Fuerzas Armadas como una institución apolítica, obediente, profesional y no deliberante.

El comunicado también enumera una serie de acciones que agravan la situación, entre ellas:

Retrasos injustificados en la entrega de maletas electorales.

Ingreso armado y sin invitación a una sesión del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Requerimientos a periodistas para revelar sus fuentes y amenazas a directores de medios.

Uso de medios oficiales de las Fuerzas Armadas para fines políticos.

Estas acciones son consideradas por el organismo como delitos de traición a la patria y constituyen, según sus palabras, una pérdida total de legitimidad por parte del alto mando militar actual.

Ante ello, la organización exige:

La destitución inmediata del general Roosevelt Hernández.

El relevo de toda la cúpula militar actual por otra comprometida con el orden constitucional.

El compromiso de las Fuerzas Armadas de garantizar un proceso electoral libre y transparente el 30 de noviembre de 2025.

Que los medios oficiales de las Fuerzas Armadas no sean utilizados para transmitir actos políticos.

Defensores de Honduras advierte que de no atenderse estas demandas, la credibilidad de las Fuerzas Armadas como garantes del proceso electoral quedará gravemente dañada, acentuando la desconfianza ciudadana.

El comunicado finaliza reafirmando que la subordinación al poder civil no implica obediencia a ningún partido político, y que la imparcialidad militar es esencial para la democracia y la paz social. Además, hace un llamado a la ciudadanía, sociedad civil, partidos políticos y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes ante cualquier intento de instrumentalización de la institución armada.