Desde hace varios años, Honduras ha sido considerado uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos en América Latina. La Ley de Protección de 2015 fue vista como un avance legislativo importante, pero su implementación ha enfrentado numerosos obstáculos. La alerta de la ONU refuerza las preocupaciones de la comunidad internacional sobre la seguridad de activistas y comunicadores en el país, y evidencia la urgente necesidad de una reforma profunda en los mecanismos de protección existentes.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) emitió este jueves una seria advertencia sobre los «constantes ataques» que enfrentan en Honduras los defensores de derechos humanos y periodistas, a la vez que manifestó su preocupación por las limitaciones que afectan la efectividad del Sistema Nacional de Protección (SNP).

En un comunicado oficial, la Oacnudh indicó que continúa documentando agresiones sistemáticas contra personas defensoras y periodistas, en un contexto donde el SNP —creado para salvaguardar su integridad— atraviesa una crisis estructural, marcada por la falta de recursos económicos, la escasa articulación interinstitucional, la rotación frecuente de su personal y la ausencia de formación especializada.

A una década de la promulgación de la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (15 de mayo de 2015), la ONU reconoció que su creación fue un avance importante que posicionó a Honduras como el cuarto país en América Latina en contar con un mecanismo especializado de protección. Sin embargo, lamentó que el funcionamiento del SNP se haya debilitado a lo largo del tiempo, comprometiendo la seguridad de quienes ejercen la defensa de derechos fundamentales.

Bardia Jebeli, representante adjunto de la Oacnudh en Honduras, subrayó que muchos defensores y periodistas viven bajo medidas de protección pero en un clima de temor permanente. “Luchar contra la impunidad de los delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas no es solo una obligación del Estado, sino también la forma más efectiva de proteger sus vidas y su labor”, declaró.

Jebeli también advirtió que el hecho de que no existan consecuencias reales para quienes atacan a defensores de derechos humanos ha generado un clima de impunidad que agrava el miedo y la sensación de indefensión.

Ante esta situación, la Oacnudh hizo un llamado urgente al Estado hondureño a adoptar una política integral que fortalezca el SNP, atienda las causas estructurales del riesgo, reconozca públicamente el rol vital de los defensores y garantice sanciones efectivas para los agresores. Además, reiteró su disposición de seguir brindando asistencia técnica para que Honduras cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión.