La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) tomó posesión en las últimas horas de 15 propiedades vinculadas al general retirado Romeo Vásquez Velásquez y su círculo cercano, como parte de un proceso legal por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue ejecutada por orden del Juzgado de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, bajo resolución de la Corte Suprema de Justicia. Entre los activos asegurados figuran una sociedad mercantil, un vehículo y siete cuentas bancarias, además de propiedades inmobiliarias localizadas principalmente en el municipio de Catacamas, Olancho.

El director de la OABI, Marco Zelaya, confirmó que ya se están administrando los bienes. “Recibimos la notificación oficial, en la que se detallan activos pertenecientes al señor Romeo Vásquez Velásquez, su esposa y otro miembro de la familia identificado con el apellido Celaya Velásquez”, explicó.

Romeo Vásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2005 y 2009, ha estado en el centro de la atención pública desde la crisis política del 2009, tras ser destituido por el entonces presidente Manuel Zelaya por oponerse a una consulta ciudadana. Desde entonces, su trayectoria ha oscilado entre lo político y lo judicial.

Tras intentar sin éxito alcanzar la presidencia en tres ocasiones con el partido Alianza Patriótica Hondureña, su situación se agravó en 2025. En enero de este año fue capturado por su presunta implicación en el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala durante protestas en 2009.

Posteriormente, el exmilitar también fue señalado por supuestos vínculos con estructuras de lavado de activos asociadas al cartel de Los Cachiros. En marzo, al no presentarse a una audiencia clave, perdió el beneficio de arresto domiciliario y fue declarado prófugo, figurando desde entonces en la lista de los diez más buscados del país, con una recompensa de hasta 10 millones de lempiras por información sobre su paradero.

En julio, reapareció en redes mediante un video en el que aseguraba estar “en una posición estratégica” en la montaña y prometía “bajar pronto” para “defender Honduras”, sin revelar su ubicación exacta.

Con la incautación de estos bienes, las autoridades continúan el cerco legal en torno al general retirado, mientras se intensifica su búsqueda y avanzan los procesos judiciales en su contra.