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La posible cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños en Estados Unidos plantea un escenario crítico que golpea directamente a la niñez migrante. Organizaciones de derechos humanos advierten que la separación familiar y la falta de preparación del sistema educativo hondureño podrían dejar secuelas profundas en miles de menores.

De acuerdo con cifras de Casa Alianza, más de 6,000 hondureños han sido deportados en lo que va del año, entre ellos al menos 2,070 niños y adolescentes. Ricardo Coello, director de proyectos de la entidad, explicó que muchos son hijos de beneficiarios del TPS, lo que aumenta el riesgo de fracturas familiares.

“Estos menores se enfrentarán al dilema de quedarse en Estados Unidos separados de sus padres o regresar a un país que no conocen. El impacto emocional es muy fuerte y requerirá atención terapéutica especializada”, señaló.

La mayoría de los niños deportados nacieron en territorio estadounidense, hablan inglés como lengua principal y tienen escaso dominio del español. Esta condición, sumada al desconocimiento del entorno social, incrementa su vulnerabilidad y dificulta la adaptación en Honduras.

Coello advirtió que el sistema educativo nacional no está preparado para recibir a estudiantes formados bajo estándares estadounidenses. “Los métodos de enseñanza, el idioma y el ritmo académico son distintos. Esto puede afectar el rendimiento escolar y generar frustración”, expresó.

Casa Alianza alertó que, sin un plan de acompañamiento integral, estos menores podrían quedar atrapados en dinámicas de exclusión, pobreza y violencia. “La falta de apoyo psicosocial y educativo los expone al reclutamiento por maras o al crimen organizado”, advirtió Coello.

La organización pidió al Estado diseñar políticas que ofrezcan educación flexible, programas de reinserción social y apoyo emocional para garantizar que esta generación no quede marcada por el abandono tras la finalización del TPS.