El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO), ha presentado el requerimiento fiscal por el caso de corrupción denominado "Helios", en el que ejemplificados de Casa Presidencial, el Instituto de la Propiedad (IP) y particulares presuntamente diseñaron un esquema fraudulento para desviar más de 143 millones de lempiras de las finanzas públicas entre 2016 y 2017, durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.

El MP ha acusado a 15 personas, incluyendo a José Octavio Godoy Urbina, exfuncionario de Casa Presidencial y actual diputado del Parlamento Centroamericano, así como a Harvis Edulfo Herrera Carballo y Óscar Alberto López Escalante, quienes han sido capturados y enfrentan cargos por delitos que incluyen fraude y lavado de activos.

Según las investigaciones, Godoy Urbina, aprovechando su cercanía al expresidente, reclutó a empleados de confianza en Casa Presidencial, el IP ya personas particulares para formar empresas de maletín, principalmente en los sectores de publicidad y comunicaciones. Estas empresas fueron utilizadas para desviar fondos de Casa Presidencial mediante la emisión de 144 cheques que fueron depositados en cuentas bancarias vinculadas a las empresas fraudulentas.

Los fondos fueron luego retirados en efectivo por los acusados, quienes realizaron depósitos fraccionados en cuentas bancarias de personas y entidades, sin justificación alguna. Esta operación se facilitó a través de un listado proporcionado por Hilda Rosario Hernández Alvarado, exministra de Comunicaciones y Estrategia.

El MP ha solicitado y obtenido la autorización judicial para asegurar nueve sociedades mercantiles, una organización no gubernamental, cinco inmuebles, un vehículo y los saldos financieros de 12 personas naturales y tres jurídicas involucradas en el caso.

La investigación ha sido apoyada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo trabajo fue clave en la recolección y análisis de información crucial para el desarrollo del caso. Este requerimiento fiscal marca un paso importante en la lucha contra la corrupción en el país.