El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO), presentó el requerimiento fiscal en el caso denominado “Helios”, un esquema de corrupción mediante el cual se desviaron 143,638,214.48 lempiras de las finanzas públicas. entre los años 2016 y 2017, durante la presidencia de Juan Orlando Hernández.

Según la investigación, el caso involucra a 15 personas, incluidos ejemplos de Casa Presidencial, del Instituto de la Propiedad (IP) y particulares. Entre los principales señalados figura José Octavio Godoy Urbina, exfuncionario de Casa Presidencial y actual diputado del Parlamento Centroamericano, quien habría liderado el esquema ilícito.

Además, se confirma la captura de Harvis Edulfo Herrera Carballo y Óscar Alberto López Escalante, a quienes se les acusa de delitos como fraude y lavado de activos.

De acuerdo con el MP, Godoy Urbina utilizó su influencia como funcionario cercano al expresidente Juan Orlando Hernández para reclutar a personal de confianza de Casa Presidencial, el Instituto de la Propiedad y particulares. Juntos, diseñaron un esquema que involucraba la creación de empresas de maletín relacionadas con los sectores de publicidad y comunicación.

Estas empresas ficticias fueron constituidas exclusivamente para actividades ilícitas. A través de ellas, se emitieron 144 cheques de Casa Presidencial que fueron depositados en cuentas bancarias de las mismas sociedades. Posteriormente, los fondos eran retirados en efectivo o transferidos mediante depósitos fragmentados a cuentas de personas naturales y jurídicas sin justificación.

Uno de los mecanismos principales para mover el dinero implicó el uso de un listado proporcionado por Hilda Rosario Hernández Alvarado, exministra de Comunicaciones y Estrategia, quien también estaría vinculada al caso.

En el marco del requerimiento, el MP aseguró nueve sociedades mercantiles, una organización no gubernamental, cinco inmuebles, un vehículo y los saldos de cuentas bancarias vinculados a 12 personas naturales y tres jurídicas.

La investigación contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuya colaboración fue crucial para recolectar y analizar la información financiera que sustenta el caso.

Este escándalo se pone nuevamente en el centro del debate la corrupción en las instituciones gubernamentales hondureñas durante el mandato de Juan Orlando Hernández. Las autoridades han señalado que continuarán con las investigaciones para procesar a los responsables y recuperar los fondos desviados.

El caso también subraya la importancia de fortalecer los controles institucionales y la transparencia en la administración pública para evitar que se repitan este tipo de prácticas ilícitas que afectan gravemente las finanzas y la confianza ciudadana.