El Ministerio Público (MP) de Honduras presentó este lunes un requerimiento fiscal contra tres ejemplificados del Congreso Nacional (CN) por los delitos de sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos oficiales y daños a datos o sistemas informáticos. Los imputados habrían llevado a cabo estas acciones como parte de un plan para ocultar presuntas irregularidades administrativas cometidas durante el período legislativo 2018-2022.

Los acusados ​​son:

Carlos Avilés Moncada, exdirector financiero del Congreso Nacional.

Chintia Oyuela, exgerente administrativa.

José Perdomo Cruz, expandidor especial de pagaduría.

De acuerdo con la investigación del MP, los imputados sustrajeron documentos clave pertenecientes a las áreas de pagaduría, contabilidad y dirección administrativa del Congreso Nacional. Estas acciones habrían tenido como objetivo cubrir irregularidades financieras y administrativas ocurridas durante la administración del período mencionado.

Los documentos en cuestión, esenciales para esclarecer posibles actos ilícitos, fueron trasladados a las viviendas de los acusados ​​bajo el pretexto de "resguardarlos", según las indagaciones preliminares. Además, se presume que algunos de estos documentos pudieron haber sido destruidos, lo que complica aún más el trabajo de las autoridades fiscales y judiciales.

Este requerimiento forma parte de una serie de investigaciones relacionadas con la gestión del Congreso Nacional en el período 2018-2022, durante el cual se han señalado posibles irregularidades en la administración de recursos públicos y contratos.

El MP ha intensificado las acciones legales para garantizar la recuperación de documentos oficiales y sancionar a quienes hayan obstaculizado la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos.

Los delitos de sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos oficiales son considerados graves, ya que atentan contra la integridad del sistema administrativo y judicial del país. De ser hallados culpables, los acusados ​​se enfrentarían a penas que incluyen prisión, multas económicas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Las autoridades recalcaron su compromiso de seguir investigando y procesando cualquier irregularidad relacionada con el manejo de recursos en el Congreso Nacional y en otras instituciones del Estado.