En celebración del Día Internacional contra la Corrupción, el Ministerio Público de Honduras anunció a primeras horas una serie de allanamientos en varios sectores del país, de igual manera la presentación de requerimientos fiscales contra varios diputados en funciones, exfuncionarios y exmagistrados por presuntos actos de corrupción que han perjudicado significativamente los recursos públicos y la confianza ciudadana.

Las investigaciones revelan que un congresista gestionó un proyecto de energía para la comunidad de La Ceibita, en Opatoro, La Paz, a través de la estatal eléctrica. Aunque dicha comunidad ya contaba con alumbrado público, el proyecto fue desviado de su propósito original y utilizado para beneficiar un proyecto privado en San Pedro Sula.

Asimismo, se presentó un requerimiento fiscal contra cinco exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, correspondiente al período 2016-2023, acusados ​​del delito de prevaricato.

Entre los acusados ​​también figura el juez ejecutor Germán Ubaldo Flores y Carlos Manuel López, presidente del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sidunah), junto con varios particulares, de integrar una estructura que desvió más de 80 millones de lempiras de las arcas de la máxima casa de estudios. Estos fondos, según las autoridades, fueron transferidos posteriormente a cuentas personales mediante un esquema de fraude basado en resoluciones arbitrarias.

De igual forma, se acusó a la secretaría municipal de Tocoa, Colón, Norma Agripina García, por el delito de falsificación de documentos.

Además, el excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, junto a otros exfuncionarios de la institución, enfrenta requerimientos fiscales como parte de otra línea de investigación en curso.

Por su parte, Bayron Hernández Castañeda, juez municipal de Santa Rosa de Copán, es acusado del delito de concusión al emplear a privados de libertad y menores infractores, quienes debían realizar trabajos comunitarios, para que laboraran en la construcción de su vivienda particular.

Además, la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó requerimientos fiscales contra cinco exmagistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (2016-2023) por el delito de prevaricato judicial.

Además, la FEES-SJ ha iniciado procesos penales contra empleados del Ministerio Público y miembros de la Policía Nacional, quienes enfrentan cargos por diversos delitos relacionados con corrupción y abuso de autoridad.

“Estos requisitos reflejan nuestro compromiso de combatir la corrupción en todos los niveles, sin importar el rango o posición de los involucrados. La corrupción es una amenaza para el desarrollo y la justicia social en nuestro país”, declaró el fiscal a cargo del caso.

La noticia ha generado reacciones mixtas entre los diversos sectores del país. Organizaciones de la sociedad civil y movimientos anticorrupción celebran la acción del Ministerio Público como un paso crucial hacia la rendición de cuentas en un contexto donde la impunidad ha sido predominante.

Sin embargo, sectores políticos han cuestionado los tiempos y motivos de estas acciones, argumentando que podrían tener multas políticas en lugar de buscar justicia. Algunos diputados mencionados en los casos han negado categóricamente las acusaciones y prometieron defenderse legalmente.

El anuncio llega en una fecha simbólica que busca concienciar sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos. Honduras, que ocupa uno de los lugares más bajos en los índices de percepción de corrupción a nivel mundial, ha enfrentado durante años demandas internacionales y locales para implementar medidas más efectivas contra este flagelo.

El Ministerio Público señaló que continuará fortaleciendo las investigaciones y ampliando los casos de corrupción en curso, incluyendo la posible colaboración con entidades internacionales. En este sentido, renovó su llamado a las autoridades para facilitar la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), como un mecanismo para reforzar la lucha contra las redes corruptas en el país.