La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) ha interpuesto un requerimiento fiscal contra una supuesta estructura de corrupción que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre 2010 y 2014.

Los imputados incluyen a exfuncionarios del PRAF, como Ángel Paz Alvarenga (exgerente administrativo), Raúl Salgado Zelaya (exjefe del Bono Juvenil) y Sandra Solano Aguirre (exjefa del Programa DiMujer), junto a 37 personas más, entre exempleados de la institución, representantes de empresas y ONG's. Los delitos imputados incluyen fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.

Según la investigación, esta red habría desviado más de 96.9 millones de lempiras destinados a la capacitación en oficios y carreras técnicas para jóvenes y mujeres en extrema pobreza. Mediante 596 contratos provenientes de los programas Bono Juvenil y DiMujer, los implicados habrían adjudicado directamente contratos a empresas y ONG's sin capacidad técnica, fragmentando las contrataciones para evadir los procesos de licitación.

El esquema de corrupción incluyó la fabricación de informes falsos para justificar capacitaciones que nunca se realizaron y la creación de expedientes ficticios para ejecutar pagos fraudulentos. En los casos donde se realizaron capacitaciones, estas se llevaron a cabo en condiciones deficientes.

Este desfalco no solo impactó las finanzas del país, sino que también privó a miles de jóvenes y mujeres hondureñas de oportunidades para desarrollar sus habilidades técnicas y emprender sus propios negocios, afectando así sus posibilidades de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.