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Miles de hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos enfrentan un futuro incierto luego de que venciera el Estatus de Protección Temporal (TPS), programa que durante más de dos décadas les permitió residir y trabajar legalmente en ese país. La medida afecta a casi 60,000 personas que ahora quedan expuestas a procesos de deportación.

En ciudades como Miami, miembros de estas comunidades se congregaron para pedir al expresidente Donald Trump y a las autoridades migratorias “un gesto de clemencia”, recordando que han contribuido al desarrollo de Estados Unidos desde que se aprobó el beneficio en 1999, tras el devastador huracán Mitch. Los afectados advierten que la suspensión del TPS representa “una tragedia humana” al dejar sin protección no solo a los beneficiarios, sino también a sus familias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifica la decisión al considerar que Honduras y Nicaragua han registrado avances desde la catástrofe natural que originó el amparo. Sin embargo, organizaciones migrantes cuestionan esa postura, señalando que las condiciones de violencia, desempleo y crisis política en ambos países no permiten un retorno digno.

El impacto económico también preocupa. Según estimaciones de la Fundación 15 de Septiembre, el regreso forzado de miles de hondureños pondría en riesgo la estabilidad de hogares que dependen de las remesas, las cuales representan más de una cuarta parte del PIB nacional. Además, se subraya la difícil situación de unos 60,000 niños estadounidenses, hijos de beneficiarios, que quedarían en riesgo de separación familiar.

Aunque aún existe un proceso legal pendiente en el Noveno Circuito en San Francisco, cuya resolución se espera para el 18 de noviembre, líderes comunitarios advierten que la falta de certeza ya afecta la vida cotidiana de los tepesianos. Entre el miedo, la pérdida de empleos y la incertidumbre, miles de familias esperan que la justicia ofrezca una salida que evite la deportación masiva.