Una nueva revelación sacude la credibilidad del proceso electoral hondureño, luego de que el excoordinador del proyecto de transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Joel Ramos García, declarara bajo descargo que el entonces alto funcionario del CNE, Marlon Ochoa, ordenó desviar 50 vehículos estatales a las Fuerzas Armadas, alterando de forma crítica la logística del proceso electoral primario del 9 de marzo de 2025.

La información salió a la luz a través de la lectura de un informe contenido en la Auditoría Forense del proceso de entrega, recolección y custodia del material electoral en el Distrito Central, presentado recientemente por las consejeras del órgano electoral en un noticiero de alcance nacional.

Según el testimonio de Ramos y lo consignado en la auditoría, el sábado 8 de marzo, a escasas horas del inicio de las elecciones, Ochoa ordenó que 50 vehículos del Estado estuvieran a disposición de las Fuerzas Armadas en el Campo de Parada Marte, a las 4:30 a.m. del día siguiente. Supuestamente, el objetivo era verificar la instalación de los kits tecnológicos en los centros de votación, pero la consecuencia inmediata fue un vacío logístico: faltaron unidades para transportar las maletas electorales, lo cual afectó directamente la puntualidad y eficacia del proceso.

La auditoría señala que Joel Ramos actuó de forma unilateral al coordinar con los militares y con la empresa adjudicada, Ingeniería Logística y Transporte, sin seguir los lineamientos contractuales. Cambió sin autorización el tipo de vehículos requeridos, pasando de camiones de carga a autobuses, lo que representó un incumplimiento grave de las especificaciones del contrato y debilitó la capacidad de respuesta operativa.

El caos se intensificó por otros factores logísticos preexistentes, como el retraso en la entrega de documentos impresos y la falta de diseño de rutas a tiempo, también responsabilidad de empresas subcontratadas. Sin embargo, el impacto del desvío vehicular fue determinante para la desorganización generalizada.

Uno de los aspectos más controversiales del informe es la acusación directa a las Fuerzas Armadas, a quienes se señala como responsables de agravar el colapso. El documento indica que hubo una “negativa deliberada” de cumplir instrucciones por parte del personal militar, quienes, en algunos casos, detuvieron la marcha de los vehículos o permanecieron estacionados en puntos estratégicos del Distrito Central sin justificación aparente, contribuyendo a retrasos generalizados.

Incluso se reportó que algunos conductores intentaron mover los vehículos para evitar ser localizados por supervisores del CNE, lo cual fue interpretado como una acción coordinada para obstaculizar la entrega de maletas electorales.

La Auditoría Forense concluye que no existe justificación válida para el colapso logístico más allá de una improvisación administrativa grave y de una obstrucción directa de actores estatales, lo que pone en duda la transparencia del proceso electoral en el municipio más poblado del país.

Este escándalo se suma a las múltiples denuncias públicas sobre fallas y posibles irregularidades ocurridas durante las elecciones primarias de marzo, aumentando la presión sobre el Consejo Nacional Electoral y alimentando los temores de que los comicios generales de 2025 enfrenten problemas aún más profundos si no se toman medidas correctivas inmediatas.