Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos de América para quienes defienden la naturaleza y los territorios comunitarios.

Según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre 2015 y 2025 se documentaron 103 homicidios de defensores ambientales, con el departamento de Colón como uno de los más afectados, concentrando más del 30 % de los casos.

Los crímenes están relacionados principalmente con disputas por tierra, explotación forestal ilegal, concesiones mineras sin consulta y la presencia de actores armados.

Alarmantemente, más del 90 % de estos asesinatos permanece sin sanción, reflejando un problema estructural de impunidad.

En respuesta, ASJ impulsa la iniciativa Guardianes silenciados, un proyecto que busca visibilizar la violencia contra quienes protegen los recursos naturales del país.

La estrategia combina investigación de campo, evidencia técnica y relatos humanos, y se complementa con la creación de una plataforma digital que ofrecerá datos actualizados, rutas de denuncia y perfiles de defensores asesinados, con el respaldo de la Embajada Británica en Guatemala.

Entre los casos destacados se incluyen: María Enriqueta Matute, líder tolupán asesinada en 2013 durante una protesta pacífica; Santos Hipólito Rivas Baquedano, dirigente campesino del Bajo Aguán emboscado en 2023 pese a contar con protección; y Juan Bautista Silva Ventura, defensor del bosque en Comayagua, asesinado junto a su hijo en 2025 mientras documentaba tala ilegal. Estos hechos evidencian un patrón común: amenazas previas no atendidas, criminalización de líderes, economías ilegales ligadas a recursos naturales y ausencia de investigaciones efectivas sobre los autores intelectuales.

En las próximas semanas, ASJ presentará un estudio detallando las fallas sistemáticas en prevención, protección e investigación de estos crímenes, junto con el lanzamiento oficial de la plataforma Guardianes silenciados, que integrará información histórica, nacional e internacional, y facilitará mecanismos de denuncia para fortalecer la protección de ambientalistas en todo el país.