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La Policía Nacional advierte cambios estratégicos si se elimina el estado de excepción

18 de diciembre de 2024

18 de diciembre de 2024

El director de la Policía Nacional de Honduras, Juan Manuel Aguilar Godoy, defendió este lunes los resultados obtenidos durante el estado de excepción parcial vigente desde el 6 de diciembre de 2022, y aseguró que, de ser eliminado, la institución ajustará sus estrategias para mantener el control de la incidencia delictiva.

 

Aguilar Godoy destacó que el estado de excepción ha permitido salvar más de 800 vidas en el período en que ha estado vigente, calificando este logro como significativo. "Si más de 800 vidas salvadas no representan un logro durante un pequeño estado de excepción temporal, no sé lo que realmente piden", expresó, refiriéndose a las críticas de sectores que cuestionan la medida.

 

El funcionario también respondió a quienes comparan los resultados en seguridad de Honduras con los de El Salvador, afirmando que la normativa hondureña es parcial y no ha quebrantado todas las garantías constitucionales.

"Si se cuestiona una normativa que quebrantó tres garantías constitucionales, no digamos un verdadero estado de excepción que quebrantaría todas las garantías constitucionales", señaló Aguilar Godoy.

 

En caso de que el estado de excepción sea eliminado, Aguilar Godoy aseguró que la Policía Nacional no permitirá un aumento en la incidencia delictiva y que están preparados para adoptar nuevas estrategias. "La Policía no es una institución estática, es una institución dinámica. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para mantener los resultados", afirmó.

 

La jerarca policial también abordó la necesidad de aumentar el número de agentes en la institución, señalando que actualmente cuentan con un déficit significativo. "Nosotros deberíamos ser una institución con por lo menos 32 mil funcionarios policiales, pero yo diría que una Policía fortalecida sería 40 mil funcionarios", concluyó.

 

El estado de excepción ha sido un tema de controversia, con sectores que lo consideran una medida necesaria para enfrentar la inseguridad, mientras otros cuestionan su efectividad y sus implicaciones para los derechos constitucionales. La decisión sobre su continuidad podría influir en el panorama de seguridad del país.

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