El Poder Judicial hondureño enfrenta una situación financiera crítica debido a que el gobierno saliente de Xiomara Castro no ha transferido los L 1 200 millones de lempiras que estaban programados para el año fiscal 2025, según reveló este martes la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La falta de pagos por parte del Poder Ejecutivo saliente se suma a una serie de situaciones en que el Estado ha acumulado obligaciones pendientes con diferentes sectores, lo que ha generado tensiones sobre el uso de recursos y el cumplimiento de compromisos contractuales y presupuestarios. En años recientes, instituciones públicas han debatido sobre la forma en que se manejan las transferencias y el cumplimiento de obligaciones del Estado con entes como alcaldías, empresas estatales y otras ramas del Estado, aunque las cifras y prioridades suelen ser objeto de debate público y político.

Autoridades judiciales confirmaron que, hasta el 26 de enero de 2026, no se ha registrado ninguna transferencia, ni total ni parcial, de los fondos que corresponden a la asignación presupuestaria del Poder Judicial, lo que ha obligado a esa institución a hacer “malabares financieros” para cumplir con sus compromisos básicos.

El monto adeudado que corresponde a compromisos del año fiscal anterior ha provocado que varias actividades planificadas por la CSJ queden postergadas o suspendidas, incluyendo giras de trabajo institucionales y avances en proyectos de construcción y mantenimiento en instalaciones judiciales.

Melvin Duarte, oficial de comunicaciones de la CSJ, expresó que la falta de recursos mantiene en “preocupación permanente” a las autoridades del sistema judicial y afecta la operatividad de una institución que es pilar del Estado de Derecho.

En un informe reciente ante el Congreso Nacional, la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando, reiteró que, pese a las limitaciones presupuestarias, los tribunales siguen atendiendo casos y demandas de la población, aunque con restricciones claras debido al déficit de financiamiento.

Además, recordó que la normativa vigente establece que el Poder Judicial debe recibir al menos el 3 % del Presupuesto General de la República, una proporción que los jueces consideran indispensable para garantizar su funcionamiento.

El impacto de este retraso se siente tanto en la administración interna de justicia como en servicios clave para ciudadanos y operativos jurisdiccionales, en un momento en que el país se encuentra en plena transición de Gobierno y la gestión de recursos públicos es objeto de análisis y cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.

La crisis en las finanzas judiciales plantea la necesidad de que el nuevo Gobierno y el Congreso evalúen mecanismos que permitan garantizar la sostenibilidad presupuestaria del sistema judicial, sobre todo en un contexto donde se esperan reformas institucionales y una reordenación de prioridades en la administración pública.