El periodista independiente Jeff Ernst publicó hace unas horas en su cuenta de X (anteriormente Twitter) la siguiente reflexión:

"Entonces un audio obviamente manipulado y no verificado es una evidencia accionable para el Ministerio Público, ¿pero un video verificado no lo es?"

Este comentario surge en el contexto de las recientes denuncias de fraude electoral en Honduras. El precandidato presidencial Salvador Nasralla presentó un audio en el que, supuestamente, Fabiola Abudoj, vinculada al movimiento de su contrincante Jorge Cálix, planea sabotear el sistema biométrico en las próximas elecciones primarias. Nasralla sostiene que este audio es prueba de un intento de fraude en su contra.

Por su parte, Abudoj ha negado estas acusaciones, afirmando que el audio es un "deepfake" manipulado mediante inteligencia artificial, y que se trata de una venganza personal de Nasralla tras su desvinculación de su movimiento político.

Ante estas denuncias, el Ministerio Público de Honduras ha iniciado una investigación para determinar la autenticidad del audio y ha citado a las partes involucradas, incluyendo a Nasralla y Abudoj, para que presenten pruebas y dispositivos electrónicos relacionados con el caso.

El comentario de Ernst pone en evidencia una aparente inconsistencia en la valoración de pruebas por parte del Ministerio Público, cuestionando por qué se considera accionable un audio no verificado y presuntamente manipulado, mientras que un video verificado no recibe la misma atención. Esta observación sugiere una posible discrepancia en los criterios de evaluación de evidencias en casos legales recientes en Honduras.