IP denuncia corrupción y confirma retraso de más de 300 mil placas vehiculares
2 de julio de 2025
El Instituto de la Propiedad (IP) de Honduras enfrenta un grave retraso en la entrega de placas vehiculares, con un déficit superior a las 300 mil unidades a nivel nacional. Así lo informó este martes el secretario general de la institución, Francisco Bocanegra, quien atribuyó el problema a dificultades presupuestarias y de gestión heredadas de administraciones anteriores.
El Instituto de la Propiedad ha sido foco de críticas por el prolongado atraso en la entrega de placas, afectando a miles de propietarios de vehículos. La denuncia de corrupción profundiza la crisis institucional y podría marcar un punto de inflexión si las investigaciones avanzan con rigor. Esta situación refleja una combinación de problemas estructurales, falta de ejecución financiera y presuntos actos de corrupción de alto impacto.
“Tenemos que trabajar una política integral con el equipo financiero para destrabar la línea presupuestaria y garantizar la distribución efectiva de las placas”, expresó Bocanegra en entrevista con Radio América.
Actualmente, el IP solo ha ejecutado un 37 % de su presupuesto total, que asciende a 1,253 millones de lempiras, cifra muy inferior al 87 % ejecutado el año anterior. Este bajo nivel de ejecución ha afectado procesos claves como la matriculación y la emisión de nuevas placas.
El funcionario adelantó que la solución no será inmediata, ya que será necesario abrir nuevos procesos de licitación y contratación, lo que tomará tiempo adicional.
Bocanegra recalcó que la prioridad es cumplir con la entrega de placas con transparencia y uso responsable del presupuesto, reorganizando recursos internos mientras se formaliza la nueva licitación.
En paralelo, el funcionario denunció un presunto caso de corrupción dentro del IP que podría superar los 12 mil millones de lempiras, relacionados con contrataciones irregulares, compras indebidas y desvío de fondos para fines políticos, especialmente en la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).
“Con ese dinero se pudieron haber comprado diez veces las placas necesarias”, declaró Bocanegra, subrayando que el presupuesto actual del IP se destina mayoritariamente a salarios y sueldos.
Aunque evitó dar nombres específicos para no entorpecer la investigación, Bocanegra vinculó estos actos con funcionarios de la administración anterior, particularmente con la gestión liderada por Ebal Díaz.
Ya existe un caso judicializado y se prevé que en los próximos días se presenten requerimientos fiscales ante los tribunales. El funcionario solicitó al Ministerio Público actuar con firmeza para evitar impunidad: “Hay una línea clara de investigación y vamos a llegar hasta la última instancia con cada actor involucrado”, aseguró.
