Una reciente investigación independiente encendió las alarmas sobre la utilización de recursos públicos y personal estatal en la difusión de contenido propagandístico en redes sociales.

El estudio, titulado “Operación Desinformación” y presentado por el Instituto de la Justicia, revela la existencia de una estructura organizada dentro del aparato gubernamental hondureño dedicada a manipular la conversación pública digital.

El informe —dividido en tres tomos— fue dado a conocer ante representantes de la academia, la sociedad civil, la empresa privada y organismos internacionales. En sus conclusiones, documenta cómo distintos funcionarios, empleados públicos y becarios habrían sido instruidos para operar cuentas falsas, compartir mensajes preestablecidos y promover narrativas políticas favorables al gobierno, en ocasiones bajo presión o amenaza de perder sus cargos o beneficios.

De acuerdo con el estudio, las prácticas identificadas se habrían gestado en varias dependencias estatales, destacando la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE).

En esta última, dirigida por Ricardo Salgado, la investigación señala la existencia de un equipo con más de 270 empleados dedicados a la generación de contenido digital, con un gasto mensual superior a los nueve millones de lempiras únicamente en salarios.

El presupuesto asignado a esta secretaría habría crecido de 417 millones en 2023 a más de 1,000 millones en 2025, un incremento que, según el Instituto de la Justicia, refleja la expansión de la maquinaria comunicacional estatal.

Parte de estos fondos, según testimonios y documentos revisados, se destinan a financiar campañas en redes sociales que atacan a críticos y opositores o difunden mensajes coordinados de apoyo al gobierno.

“Operación Desinformación” detalla que esta red no se limita a la gestión humana, sino que incorpora herramientas tecnológicas avanzadas, incluyendo inteligencia artificial para la generación automática de textos, imágenes y videos diseñados para aparentar independencia informativa.

Además, se identificaron páginas que simulan ser medios de comunicación locales y perfiles coordinados que amplifican narrativas oficiales, creando una sensación artificial de consenso en la opinión pública.

El Instituto de la Justicia advierte que la institucionalización de la propaganda digital representa un grave riesgo para la transparencia, la libertad de expresión y el equilibrio democrático. “Cuando la desinformación se convierte en política de Estado, el debate público se distorsiona y la ciudadanía pierde confianza en sus instituciones”, señala el informe.

El uso de recursos públicos con fines partidarios, agrega el documento, implica una desviación de fondos que podrían ser destinados a servicios esenciales como educación o salud, y consolida un entorno de miedo, autocensura y descrédito hacia quienes fiscalizan al poder.

El Instituto, reconocido por su labor en temas de gobernanza y justicia, hace un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad civil a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, regular el uso de plataformas digitales por parte de instituciones estatales y promover una cultura de comunicación responsable.

> “La transparencia no puede ser selectiva. La comunicación institucional debe servir al pueblo, no a intereses políticos. El uso de la desinformación como herramienta de control es una amenaza directa a la democracia”, advierte el informe.

El Instituto de la Justicia es un centro de pensamiento enfocado en el fortalecimiento del Estado de derecho, la ética pública y la transparencia. A través de estudios técnicos y análisis de políticas, impulsa reformas que buscan consolidar instituciones sólidas, responsables y orientadas al bien común.

Con la publicación de “Operación Desinformación”, la organización coloca sobre la mesa una discusión urgente: cómo evitar que la maquinaria digital del Estado se convierta en un instrumento de manipulación política y en una barrera contra la verdad y la participación ciudadana.