A más de tres años de gestión del actual gobierno, los problemas de seguridad y justicia continúan sin resolverse, pese a un incremento significativo en el presupuesto destinado a las secretarías de Seguridad y Defensa. Así lo revela el informe Estado de país 2025: Seguridad y Justicia, presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

El análisis de ASJ señala que, de los ocho principales compromisos de la presidenta Xiomara Castro en materia de seguridad y justicia, solo uno ha sido cumplido, dos están en proceso y cinco siguen sin ejecutarse. Entre las promesas incumplidas destacan la desmilitarización de la seguridad ciudadana, la derogación de leyes que favorecen la impunidad y el fortalecimiento del sistema judicial.

En los últimos tres años, se han asignado L 88,100.6 millones a instituciones del sistema de defensa, seguridad y justicia. A pesar de este aumento del 61 % en la Secretaría de Seguridad y del 18.7 % en la de Defensa respecto al período 2019-2021, la criminalidad y la violencia siguen afectando a la ciudadanía. Esto demuestra que el presupuesto no es el problema principal, sino la falta de estrategias efectivas y sostenibles.

Uno de los principales flagelos que enfrentan los hondureños es la extorsión. Según el informe de ASJ, en 2024 el 11.6 % de la población fue víctima de este delito, con mayores incidencias en los departamentos de Intibucá (18.2 %), Atlántida (15.8 %), Colón (15.2 %), Choluteca (14.8 %), Francisco Morazán (14.5 %) y Cortés (12.4 %).

Para combatir la extorsión, el gobierno instauró un estado de excepción en diciembre de 2022, el cual se ha prolongado hasta la fecha. Sin embargo, esta medida ha generado controversia y más de 700 denuncias contra agentes del orden público por presuntos abusos. Además, la prolongación del estado de excepción y la restricción de derechos fundamentales han sido señaladas como amenazas a la democracia en el contexto del proceso electoral de 2025.

Las denuncias por lavado de activos aumentaron en un 165 %, y la impunidad en estos casos se mantiene en un alarmante 89 %. A esto se suma la crisis provocada por la suspensión temporal del tratado de extradición con Estados Unidos, que fue revertida hasta inicios de 2026. Estas acciones evidencian la injerencia política en decisiones clave y afectan la lucha contra el crimen organizado.

Aunque la tasa de homicidios en 2024 descendió a 25 por cada 100,000 habitantes –la más baja en 18 años–, Honduras sigue siendo el país con mayor índice de homicidios en Centroamérica y registra un 91 % de impunidad en estos casos.

Además, las muertes múltiples han aumentado de manera alarmante. Entre 2022 y 2024, se registraron 127 incidentes con 500 víctimas, y en lo que va de 2025, ya se contabilizan 46 víctimas en 13 masacres, lo que representa un incremento del 160 % respecto al mismo período de 2024.

Los delitos contra la niñez también han ido en aumento. En 2024, las denuncias de abuso sexual infantil crecieron en un 98 %, con una impunidad del 92 %. La violencia de género sigue siendo un problema grave, con una mujer asesinada cada 29 horas entre 2022 y 2024 y una impunidad del 86 % en estos crímenes.

Si bien algunos indicadores muestran ligeras mejoras, la impunidad y la inseguridad siguen siendo problemas estructurales en Honduras. ASJ insta al gobierno a cumplir sus compromisos en materia de seguridad y justicia, promoviendo una estrategia integral basada en inteligencia policial, fortalecimiento del Ministerio Público y el Poder Judicial, e inversión en la prevención del delito. Además, recomienda sustituir el estado de excepción por políticas sostenibles que garanticen la seguridad sin comprometer los derechos fundamentales de la población.