Cerca de 55.000 hondureños temen por su permanencia legal en Estados Unidos tras el reciente fallo de la Corte Suprema que permite al expresidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes venezolanos.

El fallo, emitido el lunes, ha despertado temor entre comunidades migrantes protegidas por el TPS, entre ellas la hondureña, una de las más numerosas con esta condición. Este estatus migratorio especial vence el próximo 5 de julio, y la incertidumbre crece ante la ausencia de anuncios sobre una posible renovación por parte de la Administración Trump, conocida por sus políticas restrictivas en materia migratoria.

En estados como Florida el segundo con más hondureños la preocupación es palpable. Migrantes como Aarón Pineda, de 67 años, quien reside legalmente en Miami desde que se concedió el TPS a Honduras en 1999, temen quedar desprotegidos. “Nos sentimos preocupados... si lo cancelan, tenemos problemas: no vamos a tener licencia, ni permiso de trabajo”, expresó.

El impacto no solo sería migratorio, sino también económico y familiar. Pineda está casado con Carmen Moreno, también hondureña, pero con otro estatus legal. Ella destaca que mantener el TPS es esencial para que las personas “no anden con miedo”, sigan trabajando y enviando remesas vitales a sus países de origen. “Esta gente paga impuestos”, enfatizó.

El reciente fallo de la Corte Suprema validó la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de cancelar el TPS para los venezolanos, calificando a sus beneficiarios de “desgraciados” y “criminales”, según reportes. Esto ha generado alarma entre comunidades como la hondureña, pues Trump ya intentó cancelar el TPS para países como Honduras, El Salvador, Haití y Nicaragua durante su primer mandato (2017–2021).

El caso de Elmes Alemán, quien llegó desde Tegucigalpa en 1997 y hoy dirige un negocio de construcción, refleja el miedo de muchos migrantes que podrían quedar sin papeles ni posibilidad de trabajar. “Uno llega sin nada, pero sin oportunidad no se puede sacar ningún papel... no se puede trabajar sin permiso”, lamentó.

Florida, con una alta concentración de beneficiarios del TPS, sería uno de los estados más afectados. Migrantes como Alemán subrayan su contribución económica y laboral al país: “El inmigrante hace el trabajo más incómodo, en el calor, bajo el agua... que el gringo no hace”.

Ante esta situación, líderes comunitarios exigen mayor apoyo del gobierno hondureño. Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, pidió acciones firmes para defender a los migrantes, recordando que las remesas constituyen más del 25 % del PIB de Honduras. “Estamos en estado de indefensión... Hoy nos vemos solo entre nosotros”, dijo.

El canciller de Honduras, Enrique Reina, aseguró el 5 de mayo a través de X (antes Twitter) que se han realizado gestiones diplomáticas, incluyendo reuniones con la secretaria Noem, para proteger a los beneficiarios del TPS.

La comunidad hondureña en EEUU permanece en vilo, esperando una respuesta antes del 5 de julio, mientras el fantasma de la cancelación del TPS amenaza su estabilidad y la de miles de familias tanto en EEUU como en Centroamérica.