El Gobierno de Honduras y el Sistema de las Naciones Unidas firmaron este miércoles un acuerdo para implementar un proyecto valorado en dos millones de dólares, cuyo objetivo principal es abordar el conflicto agrario en la región del Bajo Aguán, departamento de Colón, una zona del Caribe hondureño marcada por décadas de violencia relacionada con la disputa por la tierra.

La iniciativa, titulada “Prevenir y gestionar la conflictividad social en el Bajo Aguán a partir de la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia”, se desarrollará bajo el marco del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF, por sus siglas en inglés), según informó la Cancillería de Honduras.

El proyecto busca fortalecer la presencia del Estado hondureño en una región históricamente afectada por tensiones agrarias, garantizar el respeto a los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia para las comunidades locales. También tiene como propósito promover la convivencia pacífica, prevenir nuevos brotes de violencia y brindar especial protección a defensores de derechos humanos.

Con una duración prevista de 30 meses, la ejecución del proyecto contará con la participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras como socio principal.

La Cancillería subrayó que esta firma representa “un paso firme” en el compromiso del gobierno que preside Xiomara Castro hacia la construcción de una paz duradera, especialmente en regiones vulnerables como el Bajo Aguán, donde los conflictos por la tierra han cobrado la vida de alrededor de 200 personas en las últimas décadas. Entre las víctimas figuran campesinos, guardias de seguridad privada y miembros de la policía.

Cabe recordar que en 2022 el gobierno designó una comisión especial para buscar una solución integral al problema de tierras en el Bajo Aguán. Sin embargo, hasta la fecha, los esfuerzos no han rendido los frutos esperados.

Con esta nueva intervención conjunta, el Estado hondureño y las Naciones Unidas esperan avanzar hacia soluciones sostenibles que garanticen la paz, la justicia y los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.