La cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 55,000 hondureños en Estados Unidos ha encendido las alarmas en distintos sectores sociales y económicos del país, que advierten que Honduras no cuenta con condiciones reales para atender un eventual retorno masivo.

El TPS fue otorgado en 1999 tras el paso devastador del huracán Mitch, y desde entonces permitió a miles de familias construir una vida estable en EE. UU. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió ponerle fin argumentando que Honduras y Nicaragua ya no cumplen con los criterios para mantener esta designación, al considerar que han experimentado “mejoras significativas” que permitirían el regreso de sus ciudadanos.

La comisionada de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, expresó que el Estado carece de logística, presupuesto e institucionalidad para recibir a los tepesianos. “No contamos con la capacidad para atender un retorno masivo, ni siquiera para garantizar un proceso con calidad y calidez”, sostuvo.

En la misma línea, Hugo Maldonado, presidente del Codeh, cuestionó la falta de políticas migratorias claras y acusó al gobierno de reaccionar tarde: “Son manotadas de ahogado. Todos los gobiernos tuvieron responsabilidad en no preparar una estrategia para esta situación”.

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, descartó que se vayan a dar deportaciones inmediatas en bloque, y recordó que aún está pendiente una audiencia clave en noviembre en la Corte del Noveno Circuito de California. Asimismo, destacó el papel positivo de los tepesianos en la economía estadounidense y aseguró que los consulados hondureños en EE. UU. están disponibles para brindar apoyo.

El diputado Carlos Umaña calificó el fin del TPS como un hecho “histórico pero lamentable”, y urgió a ofrecer asesoría legal gratuita a los connacionales. También criticó la falta de avances diplomáticos por parte del Estado hondureño para defender a la comunidad migrante.

El Observatorio de Migración de la UNAH advirtió que el país no solo debe pensar en cómo recibir a los retornados, sino en cómo atacar las causas estructurales de la migración. “Nuestra gente se va porque aquí no hay oportunidades, y esa realidad no se ha transformado”, señaló su director, César Castillo.

El sector privado comparte esta preocupación. Una encuesta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) revela que el 66.5% de los empresarios considera que el fin del TPS tendrá un impacto negativo para Honduras y que no existen políticas claras para la reinserción de los retornados.

Mientras se aproxima la fecha de vencimiento del beneficio migratorio, la comunidad tepesiana enfrenta el temor de la separación familiar, el desarraigo cultural y la falta de oportunidades en su país de origen. Para muchos, la cancelación del TPS no solo implica el retorno forzado, sino también el riesgo de caer en condiciones de vulnerabilidad extrema.