Entre 2014 y 2024, Honduras extraditó a más de 50 ciudadanos, en su mayoría solicitados por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, según cifras oficiales. La cooperación judicial entre ambos países permitió procesar a figuras clave del crimen organizado, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha decidido no renovar el tratado de extradición con EE.UU, generando preocupación en distintos sectores nacionales e internacionales.

El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, reiteró que el Gobierno no dará marcha atrás en su decisión de no renovar el Tratado de Extradición con Estados Unidos, el cual expira el próximo 28 de febrero. Según el funcionario, la administración de Castro prioriza actualmente temas migratorios en su relación con Washington y no considera urgente discutir la continuidad del acuerdo.

Reina indicó que, si bien están abiertos a un diálogo con la administración de Donald Trump, el tratado de extradición no ha sido un tema central en sus conversaciones. "Estamos trabajando de cerca ahora con la administración Trump en el tema migratorio. No hemos abordado ese tema. Si lo abordamos, pues estamos en cualquier disposición de hablarlo", afirmó.

Además, el canciller enfatizó que la decisión de no renovar el tratado es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y no requiere intervención del Congreso Nacional. "La denuncia de un acuerdo internacional es una atribución del Ejecutivo, conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados", explicó.

La decisión del Gobierno ha generado una ola de críticas y llamados a reconsiderar la postura. Organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y figuras políticas han expresado su preocupación ante el posible impacto en la lucha contra el crimen organizado y la imagen del país en el ámbito internacional.

Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), calificó la decisión como "triste" para Honduras y advirtió que podría agravar la crisis de corrupción en el país. "Este es el resultado de haber denunciado el Tratado de Extradición y del ataque constante a la prensa", sostuvo.

Por su parte, Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), instó al Gobierno a reconsiderar la medida, destacando que mantener el acuerdo envía un mensaje de confianza a los inversionistas. "Siempre lo hemos dicho: la continuidad del tratado es fundamental para la estabilidad y la seguridad jurídica del país", expresó.

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), advirtió que el fin del tratado podría convertir a Honduras en un "paraíso para el narcotráfico". Según Castellanos, la decisión de la administración de Castro responde a intereses políticos y de protección de ciertas figuras. "El narcotráfico sigue fuerte en el país porque, antes como ahora, influye en las decisiones del poder", afirmó.

En el ámbito legislativo, la diputada Fátima Mena intentó presentar una moción respaldada por 73 diputados para que el Congreso Nacional apruebe la continuidad del tratado. Sin embargo, el presidente del Congreso, Luis Redondo, bloqueó la iniciativa, calificándola de "ilegal".

Desde el oficialismo, la diputada Silvia Ayala defendió la postura del Gobierno, argumentando que el tratado ya "cumplió su objetivo" y que su permanencia se ha convertido en un "instrumento de chantaje" con fines políticos. No obstante, aseguró que la lucha contra el narcotráfico continuará con otros mecanismos.

La determinación del Gobierno de Castro de denunciar el tratado se produjo luego de que la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, expresara su preocupación por la reunión entre autoridades de defensa hondureñas y el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Además, el anuncio coincidió con la filtración de un video donde aparece Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, reunido con presuntos narcotraficantes.

A medida que se acerca la fecha límite del 28 de febrero, la comunidad nacional e internacional sigue atenta a los efectos que tendrá la expiración del tratado en la cooperación bilateral y en la lucha contra el crimen organizado.