Honduras se encuentra en una cuenta regresiva crucial para conocer el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a más de 45,000 hondureños residentes en Estados Unidos. La decisión del gobierno estadounidense se conocerá este domingo 4 de mayo, conforme a los plazos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ya que el actual TPS vence el 5 de julio.

El vicecanciller hondureño Tony García informó que se mantienen gestiones diplomáticas con Estados Unidos bajo la modalidad de un “lobbying silencioso”, con el objetivo de lograr una extensión del programa. “Estamos haciendo un lobbying intenso con ellos de que sería un gesto importante para Honduras, una extensión y reflejaría las buenas relaciones que tenemos”, expresó García, mostrando optimismo respecto a un anuncio favorable.

El funcionario destacó que las conversaciones con la embajada estadounidense han sido constantes y que se ha hecho énfasis en la estabilidad de las relaciones bilaterales como argumento clave. Citó como referencia las recientes renovaciones de TPS para países como El Salvador, esperando un tratamiento similar para Honduras.

Sin embargo, el analista en relaciones internacionales Graco Pérez ofreció una visión más escéptica. A su juicio, no existen las condiciones diplomáticas sólidas que el gobierno hondureño presume. Señaló como obstáculos la cercanía del actual gobierno con regímenes como el de Venezuela, su reconocimiento de elecciones cuestionadas y el acercamiento a China, lo que podría interpretarse como señales contradictorias para Washington.

“No veo que exista un ambiente propicio para que se extienda el TPS para Honduras. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, maneja sus relaciones exteriores de forma transaccional y pragmática”, afirmó Pérez. Además, advirtió que una política exterior ambigua por parte de Honduras podría incluso poner en riesgo una eventual renovación futura.

El TPS es un mecanismo migratorio otorgado por Estados Unidos desde 1999 a raíz del devastador huracán Mitch, que permite a los ciudadanos hondureños vivir y trabajar legalmente en el país norteamericano. Sin una renovación, decenas de miles de hondureños quedarían expuestos a la deportación, generando una crisis humanitaria y social.

Mientras la decisión se acerca, la comunidad hondureña en EEUU, junto a organizaciones de derechos humanos y autoridades gubernamentales, mantienen la presión y la esperanza de que el beneficio continúe vigente ante la persistencia de condiciones adversas en el país que dificultan un retorno seguro.