Las elecciones primarias e internas de este domingo en Honduras, que servirán como antesala a los comicios generales del 30 de noviembre, se desarrollan en un ambiente de fuerte efervescencia política y acusaciones de presunto fraude, especialmente desde el opositor Partido Liberal.

El espectro del fraude electoral ha sido una constante en las elecciones de los principales partidos políticos hondureños: el centenario Partido Liberal, el Partido Nacional y Libertad y Refundación (Libre), fundado en 2011 tras el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya en 2009. Las denuncias de fraude han sido recurrentes en las elecciones generales de 2009, 2013 y 2017, en las que el Partido Nacional resultó vencedor.

Porfirio Lobo ganó los comicios generales de 2009, seguidos por las victorias de Juan Orlando Hernández en 2013 y 2017. La oposición sostiene que Hernández no solo obtuvo ambos triunfos mediante fraude, sino que también se reeligó en 2017 a pesar de que la Constitución del país prohíbe expresamente la reelección presidencial.

Uno de los principales críticos del proceso electoral es Salvador Nasralla, quien recientemente se unió al Partido Liberal y busca su candidatura presidencial. Nasralla ha reiterado que le fueron arrebatadas las elecciones generales de 2013 y 2017 por maniobras fraudulentas del Partido Nacional bajo el liderazgo de Hernández. Incluso el expresidente Zelaya aseguró en 2008 que había ganado con fraude los comicios generales de 2005.

Otro factor que ha empañado la credibilidad del proceso electoral en Honduras es la influencia del narcotráfico en la política. Durante años, organizaciones criminales financiaron campañas de candidatos de los tres principales partidos, según denuncias de medios locales. Sin embargo, esta práctica podría estar disminuyendo debido a las extradiciones a Estados Unidos de exdiputados, exalcaldes y figuras clave como Juan Orlando Hernández, el exministro de Seguridad Juan Carlos Bonilla y Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo, entre 2014 y 2025.

Hernández fue extraditado en 2022 y en 2024 recibió una condena de 45 años de prisión en Nueva York por delitos de narcotráfico. Durante los juicios, narcotraficantes testificaron que financiaron campañas de los expresidentes Lobo, Zelaya y Hernández, aunque los tres han negado categóricamente haber recibido dinero ilícito.

Recientemente, un video filtrado mostró una reunión en 2013 entre el exdiputado Carlos Zelaya, hermano de Manuel Zelaya, y Adán Fúnez, actual alcalde de Tocoa, con narcotraficantes, a quienes presuntamente solicitaron apoyo financiero para la campaña de Libre. Zelaya negó cualquier vínculo con el narcotráfico, mientras que la presidenta Xiomara Castro condenó la acción, asegurando que se realizó sin el conocimiento del partido ni de su candidatura.

Honduras volvió a la democracia en 1980 tras casi dos décadas de regímenes militares. No obstante, en las últimas décadas, la crisis política y social se ha intensificado, especialmente desde el golpe de Estado de 2009 y la reelección irregular de Hernández en 2017. La pobreza, que afecta a más del 60 % de la población, es una de las mayores críticas contra la clase política, según la Iglesia católica y diversos sectores de la sociedad civil.

El clima político sigue marcado por enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición, a pesar de los llamados a la paz. El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez instó recientemente a los actores políticos a despojarse del odio y la confrontación. "Estamos ya siendo testigos de campañas políticas llenas de insultos", advirtió el religioso.

Las elecciones primarias de este domingo serán un termómetro clave para medir el rumbo político del país de cara a los comicios generales de noviembre, en un contexto de desconfianza, polarización y denuncias de irregularidades.