En cadena nacional de radio y televisión, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, advirtió este martes que la expulsión inmediata de migrantes por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos está generando una "crisis humanitaria y económica" en el país. La mandataria anunció una serie de medidas de emergencia para mitigar el impacto de las deportaciones masivas y brindar apoyo a los hondureños retornados.

Durante su discurso, Castro señaló que la migración es un fenómeno social, económico y político que ha estado presente a lo largo de la historia, pero que en Honduras se ha intensificado debido a factores como el modelo económico neoliberal, la desigualdad, la degradación ambiental y la violencia. Además, apuntó que la corrupción y la concentración de la riqueza han sido elementos clave en la crisis migratoria del país.

"En mi gobierno socialista democrático heredamos un país secuestrado por una élite nacional y transnacional de corrupción pública y privada, con altos niveles de endeudamiento y saqueo que empobrecieron a Honduras durante 12 años y siete meses de dictadura", declaró la presidenta.

Castro informó que su gobierno ha logrado reducir las deportaciones de hondureños desde Estados Unidos en un 50% entre 2022 y 2024. En 2022 se registraron 88,000 deportaciones; en 2023, 58,000; y en 2024, 44,000.

Sin embargo, alertó sobre el impacto de la política migratoria de Estados Unidos, que ha intensificado las aprehensiones y expulsiones. En 2021, las detenciones de hondureños en la frontera estadounidense fueron de 319,000, mientras que en 2024 la cifra descendió a 40,000, lo que representa una reducción del 56%.

La presidenta también mencionó que en Estados Unidos residen aproximadamente 1.8 millones de hondureños, de los cuales 261,651 tienen orden de deportación sin estar bajo custodia del Servicio de Inmigración y 1,349 se encuentran detenidos a la espera de su expulsión.

Ante el impacto de estas deportaciones masivas, Castro decretó una "estrategia nacional de emergencia" para la protección de los migrantes retornados y aquellos en situación de tránsito irregular. Esta estrategia incluye:

Reintegración económica y social: Programas de capacitación, empleo y financiamiento para pequeños y medianos emprendedores.

Asistencia integral: Apoyo en educación, becas, reconocimiento de estudios, atención psicológica y asistencia legal.

Refugios y albergues temporales: Espacios de acogida para migrantes en situación vulnerable.

Bono de emergencia: Cada migrante retornado recibirá $100 al llegar, una ración de alimentos y $1,000 en capital semilla para iniciar un emprendimiento mediante cajas rurales y urbanas.

Programas de empleo y formación: Inserción en sectores de seguridad y protección forestal para su rápida incorporación a la economía nacional.

Castro reafirmó su disposición de dialogar con el gobierno de Estados Unidos para encontrar soluciones conjuntas que garanticen el respeto a los derechos de los migrantes y la estabilidad económica de Honduras. "Los migrantes no son criminales y no deben ser tratados como tal", enfatizó la mandataria, instando a que las políticas migratorias se implementen con enfoque humanitario y de reciprocidad.

Finalmente, anunció que su gobierno trabajará en coordinación con autoridades estadounidenses para asegurar retornos seguros y facilitar la documentación de los migrantes deportados, con el objetivo de minimizar los impactos negativos de estas expulsiones masivas en la población hondureña.